La confederación ruralista alertó sobre los compromisos asumidos en el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos. El organismo propuso actualizar la ley vigente bajo el marco de UPOV 78 para equilibrar la innovación y el uso propio.
La confederación ruralista alertó sobre los compromisos asumidos en el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos. El organismo propuso actualizar la ley vigente bajo el marco de UPOV 78 para equilibrar la innovación y el uso propio.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su preocupación ante la posible adhesión de Argentina al Acta de 1991 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91).
Si bien la entidad celebró el nuevo acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos, advirtió que los compromisos en materia de propiedad intelectual de semillas podrían alterar el equilibrio histórico del sector productivo local.
Argentina integra el marco de UPOV 78 desde hace más de 40 años, un esquema que permitió el desarrollo genético mientras protegía el derecho de los productores al uso propio de las semillas.
Desde la institución ruralista señalaron que países vecinos como Brasil y Paraguay incrementaron su producción bajo normativas similares, lo que demostraría la eficacia de un sistema que no restringe excesivamente las facultades del agricultor.
El presidente de la entidad, Ignacio Kovarsky, sostuvo que la adhesión a UPOV 91 representa un camino equivocado. Según los lineamientos de la confederación, dicho tratado internacional limita el uso de la propia cosecha para la siembra, amplía desproporcionadamente los derechos de las empresas obtentoras y desconoce la cultura productiva nacional, donde millones de hectáreas se siembran anualmente con variedades modernas bajo el régimen actual.
En lugar de adoptar imposiciones externas, la dirigencia de CARBAP abogó por una actualización de la Ley de Semillas nacional dentro de los parámetros de UPOV 78. La propuesta incluye la creación de mecanismos más eficaces para el cobro de regalías, mejoras en el sistema de registración y una mayor transparencia en el mercado, garantizando que los desarrolladores biotecnológicos reciban una retribución justa por su trabajo de investigación.
La confederación también introdujo en el debate el impacto de los factores económicos estructurales. Los representantes del campo subrayaron que los Derechos de Exportación (DEX) representan una limitación mayor para el crecimiento y la inversión tecnológica que la actual normativa de semillas.
Mientras persistan las retenciones, los incentivos para adoptar nuevas tecnologías permanecerán condicionados por la falta de rentabilidad del productor.
Finalmente, la institución enfatizó que cualquier modificación en el marco legal debe surgir de un consenso amplio entre el Estado, la industria y los productores. Para la entidad, el diálogo esencial debe priorizar la competitividad agropecuaria y la soberanía en la toma de decisiones, evitando que acuerdos internacionales definan unilateralmente el futuro del sistema agroindustrial argentino.
El debate sobre la propiedad intelectual de las semillas plantea una interrogante sobre la dirección de la política agropecuaria nacional. ¿Es posible modernizar el sistema de patentes biológicas sin sacrificar los derechos tradicionales de los productores, o la integración global exigirá necesariamente la adopción de normativas internacionales más restrictivas?
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