El conflicto por el cierre de la planta de Fate en San Fernando llegó este miércoles a su momento más crítico. La conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, que suspendió los despidos de 920 trabajadores y frenó cualquier acción sindical, venció hoy y colocó al Gobierno ante una decisión urgente: extender el plazo otros cinco días o dejar que el conflicto escale sin red de contención.
A las 11 estaba prevista una audiencia virtual entre el Ejecutivo, la empresa y el gremio. Minutos después, la situación se tensó: a las 11:30 se registraron incidentes frente a la sede de la Secretaría de Trabajo, en Avenida Leandro N. Alem 650, donde la policía desalojó a manifestantes que cortaban la calle, con saldo de un efectivo herido.
La jornada de protesta fue convocada por los trabajadores de Fate, el SUTNA y la CGT, con punto de concentración en la sede de Trabajo desde las 11. A la movilización se sumó La Bancaria, que partió desde Sarmiento 337 a las 10:30. Las calles Reconquista, 25 de Mayo y San Martín resultaron afectadas por los cortes.
El Gobierno analiza prorrogar la conciliación como herramienta para sostener la negociación formal mientras se intenta acercar posiciones entre las partes. La medida original fue dictada luego de que Fate anunciara el cierre definitivo de su planta bonaerense y el despido de toda su dotación. La Secretaría de Trabajo ordenó retrotraer la situación al estado previo al conflicto, pero la audiencia realizada días atrás no arrojó avances concretos y las conversaciones continuaron sin anuncios públicos.
En paralelo a la instancia institucional, el SUTNA confirmó un paro nacional de 24 horas en todo el sector del neumático, que comenzó este miércoles y se extenderá hasta el jueves a las 6 de la mañana, alcanzando a todas las fábricas del rubro en el país. La estrategia del gremio combina la presión en la calle con la negociación formal y también incorpora una vía judicial: el sindicato anticipó que recurrirá a la Justicia para impulsar la figura de “ocupación temporánea”, un mecanismo que habilita al Estado a asumir el control temporal de una empresa en situaciones de daño social o estratégico.
La propuesta apunta a que la provincia de Buenos Aires intervenga la empresa, en abierta contradicción con la postura del presidente Javier Milei, quien reiteró que el Estado no debe hacerse cargo de compañías privadas. En los últimos días, una delegación sindical se reunió con el gobernador Axel Kicillof y le entregó una nota formal solicitando herramientas para la reapertura de la planta y la preservación de los puestos de trabajo.
La definición de las próximas horas será determinante. Si el Gobierno extiende la conciliación, el conflicto tendrá al menos cinco días más de margen negociador. Si no lo hace, 920 familias quedarán expuestas al cierre sin acuerdo a la vista.