La Fiscalía de Río de Janeiro consideró que permitir su regreso debilitaría el control judicial. La abogada argentina lleva meses en Brasil con tobillera electrónica, pagando su estadía con ahorros que se agotan. El caso avanza hacia juicio oral.
La Fiscalía de Río de Janeiro consideró que permitir su regreso debilitaría el control judicial. La abogada argentina lleva meses en Brasil con tobillera electrónica, pagando su estadía con ahorros que se agotan. El caso avanza hacia juicio oral.
La Fiscalía de Río de Janeiro rechazó este miércoles el pedido de la defensa de Agostina Páez para que la abogada argentina pueda regresar a su país y afrontar desde allí la causa judicial que enfrenta por injuria racial. El Ministerio Público consideró que permitir su regreso durante la etapa de instrucción “perjudicaría el normal avance de la causa y debilitaría los controles jurisdiccionales”, invocando además “la severidad del hecho y la política de tolerancia cero contra el racismo en la ley brasileña”.
La situación personal de Páez se vuelve cada vez más apremiante. La joven está en Río de Janeiro desde enero, monitoreada con una tobillera electrónica y pagando su estadía con ahorros propios. “Ya le queda poco dinero”, confirmó a Infobae una fuente cercana a ella.
La defensa había presentado una serie de objeciones al expediente: cuestionó la validez de las pruebas digitales por supuesta manipulación en la cadena de custodia, argumentó que Páez desconocía que estaba cometiendo un delito bajo la ley brasileña y denunció parcialidad en algunos de los testigos. La Fiscalía desestimó cada uno de esos planteos. Sobre las pruebas audiovisuales —obtenidas de cámaras de seguridad del bar de Ipanema donde ocurrieron los hechos— el Ministerio Público señaló que en ningún momento se demostró adulteración o recolección irregular, y remarcó que la acusación no depende de un solo video sino de un conjunto de elementos que incluye testimonios y registros.
El argumento del “desconocimiento cultural” también fue rechazado de plano. Según consta en el dictamen, Páez fue advertida en el momento de que sus acciones constituían un delito y, a pesar de eso, “persistió y agravó sus expresiones en la vía pública”. El fiscal destacó además que “la actitud de sus amigas, que buscaron contener las ofensas, demuestra que la propia acusada y su círculo sabían que lo que hacían era ilegal”.
La defensa también había intentado que se aplicara el Tratado de Transferencia de Personas Condenadas entre Argentina y Brasil para que Páez pudiera enfrentar el proceso o cumplir una eventual condena desde su país. La Fiscalía cerró ese camino: el tratado solo aplica una vez dictada condena definitiva y con la aceptación de ambos estados y de la persona condenada, por lo que no corresponde invocarlo en esta etapa.
Desde la sanción de la Ley 14.532/2023, la injuria racial en Brasil es considerada una forma de racismo y no una ofensa común, lo que implica un tratamiento penal más severo y sin los beneficios que se aplican a delitos menores.
La decisión final sobre el regreso de Páez quedará en manos del juez, quien deberá expedirse sobre todos los planteos presentados. Mientras tanto, la Fiscalía pidió avanzar cuanto antes hacia la audiencia de instrucción y juicio oral.
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