Representantes de la central obrera presentaron un amparo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7. El escrito, firmado por el triunvirato de mando, solicita declarar la inconstitucionalidad de la norma por vulnerar derechos del artículo 14 bis y cuestiona el traspaso judicial a la Ciudad.
La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó este viernes una ofensiva legal contra la nueva normativa de modernización laboral. Mediante una acción de amparo presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, bajo la titularidad del magistrado Enrique Lavie Pico, la entidad gremial buscó frenar la aplicación de la ley recientemente aprobada por el Congreso Nacional. La medida cumplió con la advertencia que los líderes sindicales realizaron el lunes pasado durante una movilización frente al Palacio de Tribunales.
El planteo judicial se concentró en la presunta colisión de la reforma con principios fundamentales de la Constitución Nacional. Según el documento presentado por los abogados de la central, la ley vulnera el artículo 14 bis, que garantiza la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga y la libre agremiación.
Asimismo, la CGT sostuvo que el texto legal ignora el principio de progresividad o no regresión, el cual impide que las nuevas legislaciones reduzcan derechos laborales ya adquiridos por los trabajadores.
Varios artículos específicos de la reforma recibieron impugnaciones directas en el escrito. Los representantes gremiales cuestionaron la extensión de las jornadas de trabajo hasta las doce horas y la modificación del sistema de horas extras, al considerar que estas medidas derivarán en una reducción del salario real.
También señalaron la inconstitucionalidad de los artículos que redefinen los bloqueos a empresas como “infracciones muy graves” y aquellos que limitan la realización de asambleas en los lugares de trabajo.
Otro eje central de la demanda fue la transferencia del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La CGT argumentó que este traspaso, contemplado en el artículo 91 de la reforma, vulnera el principio del juez natural y afecta la transparencia de los procesos judiciales.
El escrito advirtió que el acuerdo firmado entre la administración nacional y el gobierno porteño podría comprometer la imparcialidad en la resolución de los litigios entre empleadores y empleados.
La presentación recayó en el juzgado de Lavie Pico, magistrado que registra antecedentes de fallos desfavorables para las iniciativas del actual Poder Ejecutivo. El juez deberá resolver ahora si hace lugar a la medida cautelar que suspendería la aplicación de la reforma laboral mientras se analiza la cuestión de fondo.
Esta acción inauguró una estrategia legal que, según fuentes gremiales, continuará con nuevos planteos sobre la fórmula indemnizatoria y la creación del Fondo de Asistencia Laboral.
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