Secretaría de Transporte sancionó a la UTA y La Fraternidad con más de 90 mil millones de pesos tras su adhesión al paro del 19 de febrero, bajo el argumento de que vulneraron el procedimiento legal en una actividad esencial.
Secretaría de Transporte sancionó a la UTA y La Fraternidad con más de 90 mil millones de pesos tras su adhesión al paro del 19 de febrero, bajo el argumento de que vulneraron el procedimiento legal en una actividad esencial.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, formalizó la decisión de multar a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y al sindicato de conductores de trenes La Fraternidad. La medida, instruida por el presidente Javier Milei, responde al incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada durante la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Según datos de la Secretaría de Trabajo, la sanción para el gremio de choferes de colectivos asciende a setenta mil millones de pesos. Por su parte, el sindicato ferroviario deberá afrontar un pago superior a los 20 mil millones de pesos.
Las cifras resultaron de un cálculo basado en la Ley 25.212, que establece multas de entre el 50% y el 2000% del Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada trabajador afectado.
Desde la cartera que dirige Sandra Pettovello explicaron que la determinación busca resguardar el interés general. Fuentes oficiales confirmaron que ambos sindicatos se encontraban bajo un periodo de negociación obligatoria que les impedía realizar medidas de fuerza. En la administración nacional advirtieron que, de no efectuarse los pagos, evaluarían solicitar la quita de la personería gremial.
Los representantes gremiales rechazaron la legalidad de las multas y calificaron la decisión como una persecución política. Mario Caligari, secretario de Prensa de la UTA, manifestó que la sanción carece de fundamentos técnicos y responde a una represalia por no alinearse con las políticas oficiales.
Omar Maturano, titular de La Fraternidad, sostuvo que la conciliación obligatoria vigente correspondía únicamente a su conflicto salarial específico y no invalidaba su derecho a la huelga de alcance nacional. En la misma línea, la CGT emitió un comunicado donde denunció un avance sobre la libertad sindical.
La verificación de las infracciones estuvo a cargo de las áreas de Transporte y Trabajo, que monitorearon la falta de prestación de servicios en diversas jurisdicciones durante la jornada del paro.
Este escenario administrativo guarda similitudes con lo ocurrido en 2018, cuando la gestión de Mauricio Macri multó al Sindicato de Camioneros, aunque aquel proceso fue anulado posteriormente en 2020.
El conflicto actual escala en un contexto de debate sobre la reforma laboral y la esencialidad del transporte. Mientras el Poder Ejecutivo busca establecer un precedente de rigurosidad ante el desacato de normativas laborales, los sindicatos preparan sus defensas legales para impugnar las notificaciones.
El futuro de estas sanciones dependerá de la ratificación en sede judicial, donde se determinará si el alcance de una conciliación obligatoria puede limitar la participación en medidas de fuerza de carácter general y político.
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