El Consejo Superior de la UBA exigió unánimemente la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario ante la crisis presupuestaria de 2026. La institución advirtió sobre el deterioro salarial y la falta de recursos para sus hospitales, reclamando actualizaciones urgentes al Ejecutivo.
Frente a la persistente tensión por los recursos económicos, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires dictaminó de forma unánime exigir al Poder Ejecutivo la ejecución efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. La máxima autoridad de la institución reafirmó que la casa de estudios atraviesa una crisis presupuestaria para el ciclo 2026, extendiendo esta advertencia a la situación de los sueldos del personal académico, administrativo y sanitario. La preocupación radica en que las proyecciones financieras oficiales para este año omiten los ajustes por inflación exigidos por la legislación vigente, lo que compromete seriamente las tareas de investigación y extensión.
Mediante este pronunciamiento, se instó a las carteras de Economía y Capital Humano a recomponer las partidas destinadas especialmente al área de salud, pilar fundamental de la UBA a través de su red de hospitales. La normativa que el Gobierno evita implementar busca no solo estabilizar los salarios, sino también asegurar la inversión en becas, infraestructura y colegios preuniversitarios. Ante la falta de avances administrativos desde finales de 2025, la universidad ratificó su respaldo a las medidas legales iniciadas para garantizar el funcionamiento de una entidad que forma a la gran mayoría de los profesionales médicos del país, recordando que el sostenimiento de la educación pública de nivel superior constituye un deber estatal irrenunciable.
El ministro de Economía reconoció que los datos de febrero fueron “malos”, pero adelantó que la mayoría de los indicadores de marzo están en “verde”. Ante empresarios, defendió la robustez del modelo y descartó un atraso cambiario.
El Tribunal en lo Criminal N° 4 de Morón dictó una sentencia disruptiva contra Orlando Tristán Novillo. Por primera vez, se reconoció la figura de “acceso carnal” en un caso donde no hubo contacto físico, sino una prolongada extorsión y manipulación digital.
or primera vez, una mayoría relativa señala al gobierno de Milei como principal responsable de los problemas económicos del país, según Hugo Haime & Asociados. El llamado “riesgo kuka” cayó al 33% y el 64% de los encuestados pide algún tipo de cambio en el modelo económico.
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad se negó a ampliar su indagatoria por el fraude millonario en el sistema de compras del organismo. Su defensa espera la realización de una pericia sobre los audios que dispararon el escándalo. Garbellini también se negó a declarar.
El exsenador del PRO denunció que Binance le bloquea el acceso a sus inversiones porque el reconocimiento facial ya no lo identifica: la enfermedad neurodegenerativa que padece cambió sus rasgos. La plataforma respondió tras la viralización del reclamo.
Cecilia y Adriana Carranza tenían 18 años cuando fueron secuestradas en Córdoba durante la última dictadura. En diciembre de 2025, el EAAF encontró una muela en La Perla que coincide con el ADN familiar. Todavía no se sabe cuál de las dos hermanas apareció.
Según el último informe de la Universidad de San Andrés, el gobernador bonaerense es el dirigente con mejor imagen entre quienes rechazan al Gobierno. Javier Milei, aunque con altísima negatividad, no ocupa el último puesto del ranking en este segmento.
La salida de Abu Dabi, efectiva desde el 1 de mayo, debilita el control de precios del bloque y representa una victoria política para la Casa Blanca.
