Una empleada municipal de Caraguatay acusó a Mario Darío Peyer de violación y amenazas. El juez Manuel Balanda Gómez ordenó allanamientos, mientras el gobernador Hugo Passalacqua solicitó que el mandatario comunal pida licencia para facilitar la investigación.
La justicia de Misiones investiga una denuncia por abuso sexual con acceso carnal contra el intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer. La acusación fue presentada el 25 de febrero por una mujer de 31 años que se desempeña en el Concejo Deliberante de dicha localidad.
Tras la ratificación de la denuncia esta semana, el Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto Rico dispuso una restricción de acercamiento y ordenó procedimientos legales en dependencias oficiales.
El magistrado Leonardo Manuel Balanda Gómez encabezó allanamientos en la sede municipal, el Concejo Deliberante y la vivienda particular de Peyer. Durante los operativos se buscó recolectar elementos probatorios, incluyendo dispositivos electrónicos de almacenamiento y el registro fotográfico de las oficinas donde habrían ocurrido los hechos. Asimismo, se realizó la requisa de una camioneta oficial perteneciente a la comuna.
De acuerdo con la declaración judicial de la víctima, los episodios de acoso habrían comenzado en julio de 2025, tras su regreso de una licencia por maternidad. El relato describe que el hecho más grave sucedió a principios de septiembre, cuando el jefe comunal se presentó en su oficina con el pretexto de entregar un obsequio.
La denunciante afirmó que, tras un forcejeo, el funcionario la agredió físicamente y consumó el abuso sexual bajo amenazas de despido y de traslado de su pareja, quien integra la fuerza policial.
Pese al avance de la causa judicial, el titular del Ejecutivo municipal no fue detenido debido a la inmunidad que le otorgan sus fueros como funcionario electo. La Ley vigente establece que la privación de la libertad solo podrá ejecutarse si el Concejo Deliberante aprueba un proceso de desafuero.
No obstante, el juez notificó al acusado sobre el inicio de las actuaciones y le prohibió cualquier tipo de contacto, físico o virtual, con la mujer y su grupo familiar.
El gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, intervino públicamente en el conflicto a través de sus canales oficiales. El mandatario provincial solicitó que Peyer se aparte del cargo de manera temporal para garantizar la transparencia del proceso judicial.
Por su parte, la denunciante amplió su testimonio esta semana y manifestó sentir temor, citando presuntas maniobras intimidatorias recientes contra su hija de 11 años.
La resolución de la situación institucional en Caraguatay depende ahora de la celeridad con la que el cuerpo de concejales evalúe la continuidad del intendente. Mientras la justicia recolecta testimonios de personas que habrían presenciado conductas previas de acoso, el municipio se enfrenta a un escenario de incertidumbre administrativa.
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