Allanaron la sede central del gremio metalúrgico tras una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de cuotas sindicales. El juez Julián Ercolini busca determinar si existió administración fraudulenta a través de un contrato con una empresa privada.
El juez federal Julián Ercolini ordenó un operativo en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ubicada en la calle Adolfo Alsina al 400. La medida respondió a un pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien impulsó una investigación contra el secretario general del gremio, Abel Furlán, y la accionista de la firma USEM S.A., María Soledad Calle.
La causa se originó tras una denuncia de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático. El escrito judicial cuestionó un contrato por 10 años que cedía a la empresa USEM el control operativo de los aportes sindicales. Según la acusación, la compañía percibiría honorarios mensuales cercanos a los 100 millones de pesos, equivalentes al 0,5 por ciento de la recaudación total.
Uno de los puntos centrales de la investigación reside en la figura de María Soledad Calle. La mujer es accionista de la empresa contratada y, paralelamente, figuraría como empleada en relación de dependencia de la misma UOM. Esta duplicidad de roles despertó sospechas sobre la transparencia en los controles de los fondos de los 200.000 afiliados que integran el sindicato.
Personal de la División de Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina retiró del edificio documentos relacionados con la aprobación y ejecución del convenio.
Asimismo, el magistrado solicitó informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) para conocer la composición societaria de la firma involucrada y requirió a la Secretaría de Trabajo los estados contables del gremio de los últimos cinco años.
Abel Furlán negó las acusaciones mediante una presentación espontánea ante los tribunales. El dirigente metalúrgico sostuvo que la denuncia constituye una maniobra mediática para influir en la vida interna del gremio. Afirmó que la gestión actual impulsó reformas para profesionalizar la administración y que no existió perjuicio patrimonial para los trabajadores.
El dirigente, quien sucedió a Antonio Caló en 2022, vinculó el proceso judicial con la proximidad de la elección de la conducción nacional, prevista para el 18 de marzo.
En los comicios locales realizados a principios de mes, Furlán obtuvo el 85 por ciento de los votos en la seccional Zárate-Campana, aunque sectores opositores adelantaron que impugnarán dicho resultado.
La apertura de esta instancia judicial no determina responsabilidades penales definitivas. El proceso buscará ahora constatar si la tercerización de servicios administrativos financieros constituye un delito o si se trató de una decisión de gestión dentro de las facultades de la comisión directiva.
El gremio metalúrgico enfrenta un escenario de incertidumbre mientras la justicia analiza la documentación secuestrada.
La actriz argentina confirmó la restricción de su cuenta por parte del futbolista rosarino durante una transmisión de streaming. El hecho reavivó versiones sobre un presunto vínculo cercano ocurrido en 2011 y generó debate sobre la privacidad del deportista.
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