El Ministerio de Justicia designó veedores para auditar a la AFA por 180 días. La medida busca revisar balances y contratos sospechosos tras detectar irregularidades administrativas. El control ocurre en medio de una disputa política por la jurisdicción de la entidad.
A través de una resolución del Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo nacional ha puesto en marcha una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino que se extenderá por 180 días hábiles. La medida, impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ), busca inspeccionar a fondo los movimientos administrativos y contables de la organización que lidera Claudio Tapia. Esta decisión no implica un desplazamiento de las autoridades actuales, sino la presencia de especialistas externos con facultades para examinar libros, contratos y registros financieros.
La tarea encomendada al contador Rubén Miguel Pappacena y al abogado Agustín Ortiz de Marco se centrará en reconstruir la trazabilidad de los recursos de la entidad. Entre los puntos prioritarios de la auditoría se encuentran los estados contables cerrados a mediados de 2025 y los contratos firmados con diversas firmas privadas de servicios financieros y logística deportiva. Asimismo, los veedores deberán investigar el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), analizando el origen de los fondos destinados a este proyecto educativo y la legalidad de las contrataciones efectuadas para su puesta en marcha.
La intervención técnica se origina tras un informe de la IGJ que advirtió sobre presuntas faltas graves en la rendición de cuentas. Según el organismo de control, la AFA no habría proporcionado documentación respaldatoria suficiente sobre el notable incremento de sus ingresos tras los éxitos deportivos internacionales. Las autoridades judiciales señalaron demoras injustificadas en la presentación de balances y una opacidad persistente ante los requerimientos oficiales de información financiera, lo que motivó la necesidad de un control estatal más estricto para garantizar la transparencia de una asociación civil de tal magnitud.
Más allá de los números, el caso trasluce una disputa de jurisdicciones que añade tensión política al escenario. Mientras que la AFA sostiene que su domicilio legal ha sido trasladado a la provincia de Buenos Aires —bajo la tutela de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense—, la IGJ ratifica su competencia argumentando que la sede operativa real permanece en la Capital Federal. Este conflicto sitúa al fútbol argentino en medio de un tironeo entre la administración nacional y el gobierno provincial, mientras el ministro Juan Bautista Mahiques asegura que la medida busca exclusivamente la regularización institucional sin fines de persecución política.
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