El Ministerio de Justicia designó veedores para auditar a la AFA por 180 días. La medida busca revisar balances y contratos sospechosos tras detectar irregularidades administrativas. El control ocurre en medio de una disputa política por la jurisdicción de la entidad.
A través de una resolución del Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo nacional ha puesto en marcha una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino que se extenderá por 180 días hábiles. La medida, impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ), busca inspeccionar a fondo los movimientos administrativos y contables de la organización que lidera Claudio Tapia. Esta decisión no implica un desplazamiento de las autoridades actuales, sino la presencia de especialistas externos con facultades para examinar libros, contratos y registros financieros.
La tarea encomendada al contador Rubén Miguel Pappacena y al abogado Agustín Ortiz de Marco se centrará en reconstruir la trazabilidad de los recursos de la entidad. Entre los puntos prioritarios de la auditoría se encuentran los estados contables cerrados a mediados de 2025 y los contratos firmados con diversas firmas privadas de servicios financieros y logística deportiva. Asimismo, los veedores deberán investigar el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), analizando el origen de los fondos destinados a este proyecto educativo y la legalidad de las contrataciones efectuadas para su puesta en marcha.
La intervención técnica se origina tras un informe de la IGJ que advirtió sobre presuntas faltas graves en la rendición de cuentas. Según el organismo de control, la AFA no habría proporcionado documentación respaldatoria suficiente sobre el notable incremento de sus ingresos tras los éxitos deportivos internacionales. Las autoridades judiciales señalaron demoras injustificadas en la presentación de balances y una opacidad persistente ante los requerimientos oficiales de información financiera, lo que motivó la necesidad de un control estatal más estricto para garantizar la transparencia de una asociación civil de tal magnitud.
Más allá de los números, el caso trasluce una disputa de jurisdicciones que añade tensión política al escenario. Mientras que la AFA sostiene que su domicilio legal ha sido trasladado a la provincia de Buenos Aires —bajo la tutela de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense—, la IGJ ratifica su competencia argumentando que la sede operativa real permanece en la Capital Federal. Este conflicto sitúa al fútbol argentino en medio de un tironeo entre la administración nacional y el gobierno provincial, mientras el ministro Juan Bautista Mahiques asegura que la medida busca exclusivamente la regularización institucional sin fines de persecución política.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre fenómenos climáticos “peligrosos” en más de medio país. El AMBA se encuentra bajo alerta amarilla, con ráfagas de hasta 60 km/h y un marcado descenso de temperatura para las próximas horas.
La canasta básica de servicios para una familia tipo ya se ubica en $2.980.339 mensuales en marzo de 2026. El incremento en tarifas, transporte, salud y educación duplicó la inflación acumulada desde noviembre, asfixiando el presupuesto familiar.
La expresidenta declaró de forma presencial por la causa “Cuadernos” y lanzó duras críticas contra el Gobierno. Aseguró que Javier Milei utiliza su situación judicial para “tapar la catástrofe económica” y lo vinculó al escándalo de las criptomonedas.
El mercado financiero puso la lupa en julio de 2027 como el límite para la solvencia del modelo. Con el riesgo país estancado en 600 puntos y una industria en caída libre, el Gobierno busca desesperadamente dólares para cubrir un bache de US$ 10.000 millones.
El régimen de Teherán acusó al presidente argentino de cruzar una “línea roja” y convertir al país en el “Israel de América Latina”. Advierten por una respuesta “proporcionada” tras el discurso de Javier Milei en Nueva York.
El canciller Pablo Quirno confirmó que el país deja de integrar el organismo sanitario internacional. La medida, impulsada por Javier Milei, se hace efectiva tras cumplirse un año de la notificación formal. Se priorizarán acuerdos bilaterales.
El Ministerio de Justicia designó veedores para auditar a la AFA por 180 días. La medida busca revisar balances y contratos sospechosos tras detectar irregularidades administrativas. El control ocurre en medio de una disputa política por la jurisdicción de la entidad.
En 1992, la población blanca de Sudáfrica votó mayoritariamente a favor de terminar con el apartheid en un referéndum histórico. El triunfo del “Sí” desactivó a la extrema derecha, validó las reformas de De Klerk y permitió la posterior elección de Nelson Mandela.
