El Salvador instauró la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas tras una reforma constitucional impulsada por Nayib Bukele. La medida, que elimina el límite de 60 años de cárcel, endurece la política de seguridad pese a las denuncias internacionales.
El órgano legislativo salvadoreño ratificó una modificación a la Carta Magna para instaurar la reclusión perpetua contra responsables de crímenes graves, agresiones sexuales y actos de terrorismo. Bajo el impulso del Ejecutivo liderado por Nayib Bukele, la nueva normativa suprime el límite máximo de 60 años de cárcel, asegurando que los condenados permanezcan tras las rejas de forma definitiva. Esta decisión profundiza la estrategia de seguridad estatal, en un país que ya registra la mayor densidad carcelaria del planeta y que opera bajo un régimen de excepción próximo a cumplir cuatro años.
Mientras el oficialismo defiende la medida como una herramienta necesaria para impedir que los pandilleros regresen a la sociedad, organismos internacionales y agrupaciones de derechos humanos advirtieron sobre el riesgo de convertir los recintos penitenciarios en depósitos humanos sin retorno. La reforma se aprobó en un clima de tensión con entidades globales que denuncian ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas en el marco de la lucha contra el crimen organizado. Pese a los cuestionamientos externos, el Gobierno ratificó su postura confrontativa hacia las organizaciones de monitoreo, calificándolas de aliadas de la delincuencia.
El peso argentino se apreció 1% pese a la inestabilidad global por la guerra en Irán, desmarcándose de otras monedas emergentes. El Banco Central mantiene sus compras de divisas, utilizando la calma del dólar como ancla para frenar la inflación.
El Gobierno nacional busca superar una semana crítica marcada por la causa $Libra y cuestionamientos a Manuel Adorni. Pese a las tensiones internas y el aumento del desempleo, el oficialismo defiende su rumbo económico y atribuye las polémicas a maniobras opositoras.
Estados Unidos redujo la alerta de viaje a Venezuela del nivel 4 al 3, sugiriendo “reconsiderar” las visitas ante una mejora en la seguridad. No obstante, Washington mantiene el riesgo máximo en la frontera por la persistencia de grupos criminales.
EE. UU. aprobó ventas de armas por 16.460 millones de dólares a Emiratos Árabes, Kuwait y Jordania ante la tensión con Irán. Mediante una declaración de emergencia, el gobierno agilizó el envío de misiles, drones y radares para fortalecer la defensa regional.
Once presuntos delincuentes del grupo “Los Mayos” murieron en un operativo naval en Sinaloa. El choque armado, que incluyó la breve captura de la hija de Ismael Zambada, recrudece la guerra interna del cartel que ya suma miles de víctimas.
El gobierno de Nayib Bukele propuso aplicar cadena perpetua a menores que cometan delitos graves, endureciendo la ofensiva contra pandillas. La medida, que busca eliminar la impunidad juvenil, enfrenta duras críticas internacionales de organismos que denuncian violaciones a los derechos humanos.
La cifra de fallecidos en Líbano superó el millar tras intensos bombardeos israelíes iniciados en marzo. El Ministerio de Salud reportó 1.001 decesos y miles de heridos, afectando gravemente a menores en ataques concentrados en el sur, el este y Beirut.
El tribunal electoral de Brasil rechazó un pedido de la oposición para investigar al presidente Lula da Silva por un homenaje en el carnaval. La justicia consideró injustificada la recolección anticipada de pruebas sobre presunto financiamiento público y campaña electoral.
