El empresario Marcelo Porcel será indagado este miércoles por presunto abuso sexual y corrupción de menores. La justicia investiga si aprovechaba reuniones sociales para vulnerar a compañeros de sus hijos, apoyándose en testimonios de cámara Gesell y pruebas halladas en celulares.
La justicia porteña inicia este miércoles una etapa crucial en la investigación contra Marcelo Porcel, de 51 años. El magistrado Carlos Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, dispuso que la audiencia indagatoria se realice a las 10 de la mañana mediante una plataforma digital. El proceso surge tras las acusaciones de una decena de jóvenes, quienes aseguran haber sido víctimas de comportamientos inapropiados por parte del padre de sus compañeros de escuela durante eventos sociales organizados por el sospechoso.
El fiscal Pablo Turano sostiene que el imputado utilizaba una estrategia premeditada para ganarse la lealtad tanto de los adolescentes como de sus progenitores. Según el expediente, Porcel organizaba encuentros en su vivienda particular y en sus oficinas del barrio de Retiro, donde facilitaba bebidas alcohólicas e incentivaba a los invitados a participar en apuestas digitales. Las acusaciones penales que pesan sobre él incluyen corrupción de menores, producción de material sexual explícito de adolescentes y abuso sexual ultrajante, basándose en relatos que mencionan contactos físicos no consentidos bajo el pretexto de realizar masajes deportivos.
La causa cobró fuerza tras una serie de allanamientos en los que peritos informáticos detectaron fotografías comprometedoras en los dispositivos móviles del empresario. Estas imágenes, que retrataban a menores en situaciones de intimidad, fueron reconocidas por los denunciantes. Complementariamente, los testimonios brindados por los jóvenes en Cámara Gesell coincidieron en describir un ambiente de presión, donde se ofrecían recompensas económicas por cumplir desafíos que generaban incomodidad. Los expertos del Cuerpo Médico Forense señalaron que los relatos mantienen una coherencia estructural respecto al desajuste de conducta del adulto a cargo.
A pesar de la gravedad de los cargos, la indagatoria se llevará a cabo sin que el acusado deba entregar su pasaporte ni quedar bajo arresto preventivo, una decisión judicial que generó opiniones divididas entre las familias querellantes. No obstante, se mantiene vigente la prohibición de acercamiento de 300 metros hacia las víctimas y hacia las instituciones donde estas desarrollan sus actividades académicas y deportivas, como el colegio y el club GEBA. El resultado de esta declaración será determinante para que el juez resuelva la situación procesal del empresario en los próximos días.
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