Gobierno de Ahmed al-Sharaa lanzó el plan internacional “Aliento de Libertad” para localizar y destruir vestigios de armamento tóxico en 100 emplazamientos, bajo supervisión de la OPAQ y apoyo de potencias occidentales.
Gobierno de Ahmed al-Sharaa lanzó el plan internacional “Aliento de Libertad” para localizar y destruir vestigios de armamento tóxico en 100 emplazamientos, bajo supervisión de la OPAQ y apoyo de potencias occidentales.
La República Árabe Siria puso en marcha esta semana una ambiciosa estrategia de seguridad nacional para erradicar definitivamente las armas químicas heredadas del gobierno anterior. El proyecto, que cuenta con el respaldo de una coalición liderada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Turquía, busca identificar y eliminar componentes críticos de un programa bélico que operó en la clandestinidad durante décadas bajo el mando de Bashar al-Assad.
El anuncio formal ocurrió en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, coincidiendo con el decimoquinto aniversario del inicio de la revolución siria. Ibrahim Alabi, representante permanente de la nación ante la ONU, calificó el lanzamiento del grupo de trabajo como un hito histórico.
Según el diplomático, el operativo recibió el nombre de “Aliento de Libertad” como un símbolo del fin de la opresión química que sufrió la población civil durante el conflicto interno.
Expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) advirtieron que la misión enfrentará desafíos técnicos sin precedentes.
Las autoridades estiman que existen al menos 100 sitios críticos que requieren inspección inmediata, entre los que se incluyen bases militares, laboratorios de investigación y oficinas administrativas.
El carácter secreto del programa original dificulta establecer con precisión la cantidad de municiones tóxicas que aún permanecen ocultas o almacenadas en condiciones precarias.
El actual presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, quien asumió el mando tras el derrocamiento de Assad en diciembre de 2024, prometió transparencia absoluta para los inspectores internacionales. Esta postura representa un giro radical frente a la política de 2013, cuando el régimen anterior declaró 1.300 toneladas de químicos prohibidos pero continuó utilizando agentes nerviosos como el sarín y el gas cloro en ataques posteriores.
La logística del desmantelamiento involucra a países como Qatar, Canadá, Alemania y Francia, que aportarán experiencia técnica en transporte y neutralización de sustancias peligrosas.
No obstante, fuentes diplomáticas señalaron que la ejecución del plan podría extenderse durante varios años. La inestabilidad política en Oriente Medio, sumada a la creciente tensión militar entre Israel e Irán, genera incertidumbre sobre los plazos de seguridad para las misiones de campo.
Asimismo, el gobierno sirio reconoció que la manipulación de estos arsenales implica riesgos de explosiones accidentales, debido al deterioro de los componentes químicos tras años de abandono. La operación no solo busca cumplir con obligaciones jurídicas internacionales, sino también cerrar una etapa de violaciones a los derechos humanos que marcó la historia reciente del país.
El éxito de este desarme dependerá de la capacidad de los nuevos equipos técnicos para rastrear infraestructuras que nunca figuraron en los registros oficiales. ¿Logrará la comunidad internacional garantizar la seguridad de los inspectores en un territorio aún marcado por la sombra de las potencias regionales?
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