El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acción legal contra la Universidad de Harvard. El Gobierno busca recuperar miles de millones de dólares en fondos federales alegando violaciones a los derechos civiles de estudiantes judíos e israelíes.
La administración del presidente Donald Trump intensificó el viernes su ofensiva legal contra la Universidad de Harvard al presentar una demanda ante un tribunal federal de Boston.
El Departamento de Justicia acusó a la institución de mostrar una “indiferencia deliberada” frente al acoso y la discriminación que sufren los estudiantes judíos e israelíes en su campus desde octubre de 2023.
Esta medida judicial representa un nuevo capítulo en el conflicto entre la Casa Blanca y la institución de Cambridge. Según el texto de la demanda, la universidad incumplió el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, norma que prohíbe la discriminación en programas que reciben financiamiento público.
La fiscal general, Pamela Bondi, afirmó que la escuela permitió que el antisemitismo floreciera sin aplicar sus propias normativas disciplinarias.
El Gobierno federal solicitó al tribunal la recuperación de subvenciones ya otorgadas y la congelación de pagos existentes. Aunque la cifra exacta de la reclamación no se especificó, los registros indican que la universidad recibe anualmente más de 2.600 millones de dólares solo del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Paralelamente, la administración exigió el nombramiento de un supervisor externo independiente para monitorear el cumplimiento de las normas. También solicitó que se ordene a la universidad requerir la intervención policial para retirar campamentos de protesta que bloqueen áreas del campus, tras incidentes donde estudiantes denunciaron agresiones y exclusión de espacios educativos.
Harvard rechazó las acusaciones y calificó la demanda como una acción de represalia. Un portavoz de la universidad señaló que los señalamientos del Gobierno ignoran los esfuerzos sustanciales realizados, como la ampliación de la capacitación contra el prejuicio y la reforma de los procesos disciplinarios internos.
El presidente de la institución, Alan Garber, sostuvo anteriormente que las exigencias federales exceden la protección de los estudiantes y buscan dictar políticas de contratación y admisión.
En septiembre pasado, una jueza federal ya había fallado a favor de Harvard en un caso previo, al considerar que ciertos recortes presupuestarios impuestos por el Ejecutivo fueron ilegales y motivados por diferencias ideológicas.
La demanda surge tras el estancamiento de un posible acuerdo económico. Durante el último año, las partes discutieron una compensación que varió entre los 200 y 1.000 millones de dólares para cerrar las investigaciones.
El recrudecimiento del litigio ocurre en un contexto de baja histórica en la matrícula de estudiantes judíos en la institución, la cual cayó al 7 por ciento, según un informe reciente de exalumnos.
El caso quedó asignado al juez de distrito Richard Stearns. La resolución de este conflicto definirá los límites de la autoridad gubernamental sobre la autonomía de las universidades privadas en Estados Unidos.
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