El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, relativizó el impacto de la movilización federal. Aseguró que la Ley de Financiamiento es “abstracta” por falta de fondos y cuestionó el costo por graduado en carreras artísticas frente a las ingenierías.
Tras la histórica movilización que desbordó las calles del país, el Gobierno Nacional mantuvo una postura de firmeza y desestimó que la presión social modifique el rumbo económico. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, fue el encargado de fijar la posición oficial: “La cantidad de gente que se moviliza no modifica de manera real el límite de fondos disponibles”, sentenció el funcionario, apelando a la rigidez del déficit cero.
Legitimidad: El funcionario afirmó que las políticas públicas las determinan quienes fueron elegidos democráticamente y no “quien junta más gente”.
Crítica a la Ley: Calificó la Ley de Financiamiento como “muerta” por no especificar el origen de los recursos para su cumplimiento.
Sesgo político: Denunció que la marcha fue organizada y “copada” por partidos opositores y políticos profesionales.
Álvarez cuestionó duramente la distribución actual del presupuesto y señaló lo que considera “distorsiones” en la oferta académica. Según el subsecretario, el sistema está “desvirtuado” y se destina dinero a sostener estructuras políticas en lugar de formación eficiente.
Dato explosivo: El Gobierno asegura que un graduado de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) le cuesta al Estado 423 millones de pesos, frente a los 50 millones que demanda un ingeniero de la UTN.
Para el funcionario, existen carreras como la Licenciatura en Saxo o Clarinete con apenas uno o dos alumnos que demandan una inversión desproporcionada. En ese sentido, adelantó que buscarán implementar “indicadores objetivos” para priorizar áreas estratégicas y trasladar recursos hacia carreras con mayor demanda laboral y menor costo relativo.
La gestión libertaria también puso en duda los pilares de la universidad pública argentina: el ingreso irrestricto y la gratuidad para no residentes. Álvarez planteó que es necesario discutir un sistema de admisión selectivo (cupos o exámenes obligatorios) para revalorizar el esfuerzo académico.
Respecto a los estudiantes de otros países, el subsecretario fue tajante: “La Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino”. Remarcó que, aunque las universidades hoy tienen la potestad legal de cobrar aranceles a extranjeros que no residen permanentemente, deciden no hacerlo, lo que profundiza el problema de financiamiento que ellas mismas reclaman.
Finalmente, el Gobierno marcó una clara distinción sobre la función de las instituciones de salud vinculadas a las facultades. Álvarez aclaró que el objetivo de los hospitales universitarios es “generar graduados” y no brindar una “función de salud infinita”. Con esta definición, el Ejecutivo busca delimitar la responsabilidad presupuestaria sobre los centros asistenciales que hoy denuncian falta de insumos básicos para operar.
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