Ambientalistas y bloques opositores marchan hoy al Congreso contra las restricciones en la audiencia por la Ley de Glaciares. Denuncian que el oficialismo limita la participación social para acelerar cambios técnicos que favorecerían inversiones mineras en áreas protegidas y periglaciares.
La actividad legislativa se reanuda este miércoles 25 de marzo con el inicio de las audiencias públicas para discutir reformas a la normativa de glaciares. La Cámara de Diputados tiene previsto recibir al primer centenar de expositores, en un proceso marcado por la tensión debido a las limitaciones de participación impuestas por las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales. Ante una demanda que superó los 100,000 interesados, las autoridades parlamentarias restringieron las intervenciones presenciales y virtuales a solo 200 cupos, derivando el resto de las ponencias a formatos de video grabado, lo que desató el descontento de diversos sectores sociales.
Luego de que una resolución judicial denegara el pedido de amparo para ampliar los márgenes de la audiencia, colectivos ambientales y bloques de la oposición convocaron a una protesta frente al Palacio Legislativo. Bajo la consigna de llevar asientos propios para visibilizar la espera, los manifestantes exigen que se garantice el derecho a la palabra de todas las instituciones inscriptas. Legisladores de Unión por la Patria y referentes de movimientos sociales denunciaron que el recorte en el número de oradores afecta especialmente a las comunidades originarias de la Patagonia y el Noroeste, quienes buscan alertar sobre las consecuencias de flexibilizar la protección de las reservas de agua dulce.
Desde el oficialismo, el bloque de La Libertad Avanza impulsa celeridad en el dictamen para facilitar la llegada de inversiones mineras bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto propone una redefinición técnica clave: sustituir el concepto de “ambiente periglacial” por el de “geoforma periglacial”, lo que reduciría significativamente la superficie bajo resguardo legal. Además, la reforma contempla una revisión del inventario de glaciares, permitiendo explotaciones industriales en zonas actualmente prohibidas si las jurisdicciones provinciales aseguran que no se compromete el recurso hídrico, una medida que el Gobierno considera vital para reactivar proyectos extractivos internacionales.
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La justicia brasileña redujo los cargos tras la primera audiencia en Río de Janeiro. La joven, acusada de gestos racistas en Ipanema, pagaría cerca de US$50.000 a cada damnificado. “Dije la verdad y pedí perdón”, afirmó al salir del juzgado.
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