La justicia sugiere el intercambio de fondos y gestiones para influir en las designaciones arbitrales y en la narrativa mediática sobre la gestión deportiva.
La justicia sugiere el intercambio de fondos y gestiones para influir en las designaciones arbitrales y en la narrativa mediática sobre la gestión deportiva.
La justicia federal se encuentra analizando un conjunto de mensajes provenientes del teléfono de Juan Pablo Beacon, quien fuera colaborador estrecho de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según la documentación que forma parte de la causa, se investigan presuntos envíos de dinero destinados a Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, y pagos a un periodista deportivo para orientar la opinión pública sobre temas internos de la entidad.
De acuerdo con la investigación encabezada por el juez Luis Antonio Armella y la fiscal Cecilia Incardona, existen intercambios fechados en marzo de 2021 donde una cuenta identificada como “Tovi II” —atribuida a Toviggino— instruye a Beacon para retirar sobres con dinero en efectivo. Según los chats, parte de estos valores estaban destinados a Beligoy. Si bien los mensajes confirman la recepción de los sobres, no especifican los montos ni el concepto formal de las entregas.
Este hallazgo se produce en el marco de una investigación más amplia que incluye sospechas de lavado de dinero vinculadas a ex sponsors de la AFA y el análisis patrimonial de bienes inmuebles relacionados con la dirigencia, como una propiedad en Pilar.
El contexto de estos mensajes coincide con la disputa judicial y administrativa entre la AFA y el Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA), liderado por Guillermo Marconi. En aquel periodo, medidas cautelares obligaban a la AFA a incluir en sus programaciones a árbitros pertenecientes al SADRA, quienes denunciaban ser excluidos de las categorías principales.
Los chats sugieren gestiones para “neutralizar” estas medidas judiciales mediante designaciones esporádicas. En los diálogos analizados, se menciona la intención de convocar a ciertos árbitros de manera mensual para cumplir con las disposiciones legales y reducir la conflictividad gremial. Al respecto, Marconi señaló que la cercanía entre la Dirección de Arbitraje y la tesorería de la AFA influye directamente en el sistema de designaciones.
La investigación también extiende sus alcances a presuntos pagos mensuales realizados entre 2020 y 2021 al periodista Pablo Carroza. Según fuentes judiciales, estos fondos habrían tenido como objetivo sostener una postura favorable a la conducción de la AFA y exponer públicamente a árbitros cuestionados.
Uno de los nombres mencionados en este esquema es el de Nicolás Jara, exárbitro sospechado de haber participado en maniobras relacionadas con apuestas ilegales en el fútbol de ascenso. El legislador Facundo Del Gaiso presentó una denuncia formal por estafa contra Jara, Beligoy y Toviggino, fundamentada en la presunta manipulación de resultados para beneficio personal. Aunque algunas presentaciones previas fueron archivadas por la justicia federal, los nuevos elementos incorporados a partir de las pericias telefónicas han reactivado el interés sobre estas maniobras.
La figura de Federico Beligoy es objeto de observación debido a la dualidad de sus funciones: se desempeña simultáneamente como secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (el gremio) y como ejecutivo de la AFA (el empleador). Esta situación ha sido señalada por diversos actores del sector como una incompatibilidad de intereses.
Asimismo, informes periodísticos han revelado que Beligoy obtuvo certificados de importación (SIRA) para una empresa de calzado de su propiedad durante periodos de restricciones cambiarias, lo que suma un componente adicional a la revisión de la conducta de los funcionarios vinculados a la estructura del fútbol argentino.
Hasta el momento, los involucrados no han emitido declaraciones oficiales ante los requerimientos de la prensa para brindar su versión sobre los hechos investigados.
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