Los abogados Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin solicitaron la medida tras una nueva evacuación en el complejo Estación Buenos Aires. Denuncian “deterioro estructural” y riesgo de vida para las familias que reingresaron por orden judicial.
Los abogados Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin solicitaron la medida tras una nueva evacuación en el complejo Estación Buenos Aires. Denuncian “deterioro estructural” y riesgo de vida para las familias que reingresaron por orden judicial.
La crisis habitacional en el complejo Estación Buenos Aires de Parque Patricios sumó un nuevo capítulo judicial. Tras una nueva evacuación de emergencia este martes, la querella pidió la imputación inmediata de los directivos de la constructora COSUD y del Banco Hipotecario, responsables del proyecto Procrear.
El pedido surge luego de que una vecina, que había vuelto a su hogar por autorización judicial, denunciara un desplazamiento anómalo en sus ventanas. Personal de Guardia de Auxilio constató un “proceso claro de deterioro estructural”, lo que obligó a retirar nuevamente a las familias del edificio.
| Actores bajo la lupa | Responsabilidad señalada |
| Constructora COSUD | Ejecución de obra y fallas estructurales graves. |
| Banco Hipotecario | Administrador del fideicomiso y supervisor de obra. |
| Fiscalía N° 31 | Cuestionada por habilitar el reingreso sin garantías. |
| Causa caratulada | Estrago culposo. |
El escrito presentado ante la fiscal María del Rosario Selvatici sostiene que el colapso de una losa a principios de marzo dejó al edificio sin condiciones mínimas de seguridad. Los abogados Burlando y Fiedotin critican que las únicas pericias aceptadas hasta ahora provienen de la propia constructora, a la que consideran juez y parte del siniestro.
“El titular de la constructora brinda explicaciones técnicas siendo uno de los principales responsables”, subraya la denuncia. Además, revelaron que el administrador del complejo ya había realizado reiterados reclamos al Banco Hipotecario por fallas edilicias desde el año 2021, lo que indicaría que el riesgo era conocido desde el inicio de la ocupación.
La querella cuestiona duramente la decisión judicial de permitir que familias con menores de edad volvieran a departamentos linderos a un “cráter enorme”. Denuncian que se impidió la intervención de peritos independientes y de la Brigada USAR de la Policía Federal para evaluar el terreno de forma objetiva.
“Hay elementos de prueba que determinan la responsabilidad penal. Las reparaciones previas fueron parches ante fallas que se manifestaron hace cinco años”, afirmaron los letrados.
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