Agustín Issin, piloto aeronáutico, declaró ante la Justicia que Marcelo Grandío pagó los vuelos de Manuel Adorni a Uruguay. El bróker aportó facturas y mensajes tras comparecer cuatro horas ante el juez Ariel Lijo este jueves.
Agustín Issin, piloto aeronáutico, declaró ante la Justicia que Marcelo Grandío pagó los vuelos de Manuel Adorni a Uruguay. El bróker aportó facturas y mensajes tras comparecer cuatro horas ante el juez Ariel Lijo este jueves.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una contradicción central en la investigación judicial por su viaje familiar a Uruguay durante el pasado carnaval. Agustín Issin Hansen, piloto y bróker aeronáutico, declaró ayer durante cuatro horas como testigo ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. En su testimonio, Issin afirmó que los pasajes de regreso no fueron abonados por el funcionario, sino por el periodista Marcelo Grandío.
Issin, responsable de la firma Jag Executive Aviation, detalló que el tramo de vuelta desde Punta del Este hasta el aeropuerto de San Fernando tuvo un costo de 3.000 dólares.
Según el testigo, el pago se realizó en efectivo a través de un intermediario identificado como “Horacio”. Esta declaración choca con las afirmaciones del vocero presidencial, quien en reiteradas conferencias de prensa sostuvo haber costeado el traslado con su patrimonio personal.
La documentación incorporada a la causa revela que la factura por el vuelo de regreso se emitió el 9 de marzo, tres semanas después del viaje. La fecha coincide con la difusión inicial del caso en los medios de comunicación. Ante la consulta judicial sobre esta demora, el bróker argumentó que se encontraba de viaje y que formalizó el trámite al regresar a sus funciones.
Respecto al vuelo de ida, la situación administrativa presenta un matiz diferente. La empresa operadora Alpha Centauri facturó el servicio por 4.380 dólares a nombre de ImHouse, la productora de contenidos propiedad de Grandío.
Esta firma mantiene vínculos comerciales vigentes con la TV Pública, lo que motivó al juez Lijo a solicitar los contratos estatales del periodista para determinar si existe un conflicto de intereses o el delito de dádivas.
Adorni, por su parte, ratificó su postura ante las consultas periodísticas en Casa Rosada. El funcionario calificó el hecho como una “operación política” y defendió la legitimidad de su patrimonio, construido durante 25 años en el sector privado.
Sin embargo, evitó precisar por qué no existen comprobantes de pago a su nombre, bajo el argumento de que se trata de una “transacción privada”.
La justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal sobre Grandío y la empresa Alpha Centauri. El fiscal Pollicita busca determinar si el financiamiento de viajes por parte de terceros vinculados a contratos públicos constituye una infracción a la Ley de Ética Pública.
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