Adrián Suar y Araceli González se enfrentaron en la Justicia de San Isidro por el control del 17% de las acciones de la productora, en un conflicto económico que persiste tras dos décadas del divorcio.
Adrián Suar y Araceli González se enfrentaron en la Justicia de San Isidro por el control del 17% de las acciones de la productora, en un conflicto económico que persiste tras dos décadas del divorcio.
El Juzgado de Familia 6 de San Isidro se convirtió ayer en el escenario de un tenso encuentro entre el productor Adrián Suar y la actriz Araceli González. Luego de 22 años de su separación, la expareja acudió a una audiencia presencial para dirimir una diferencia patrimonial que se mantiene estancada desde la firma de su divorcio en 2005.
La controversia gira en torno a un paquete del 17% de las acciones de Polka, la empresa fundada por Suar que transformó la industria televisiva argentina. Según trascendió en la sede judicial, González reclama la ejecución de una medida cautelar sobre dicho porcentaje, el cual habría quedado en una situación jurídica ambigua tras la venta mayoritaria de la productora al Grupo Clarín.
La actriz se presentó en el despacho del consejero junto a dos representantes legales con el objetivo de hacer efectivo este activo. Por su parte, el entorno del exdirector de programación de eltrece ha intentado minimizar el impacto financiero de la demanda, sugiriendo que las cifras en disputa no representan una alteración significativa para el patrimonio de ninguna de las partes.
El reclamo no es reciente. En 2018, fuentes cercanas a la negociación estimaron que el conflicto involucraba montos cercanos a los 300,000 dólares, vinculados inicialmente a un porcentaje menor de participación.
No obstante, la cifra actual del 17% elevaría considerablemente las pretensiones económicas de Araceli González, quien ha manifestado públicamente su malestar por lo que considera un reparto deficiente de los bienes gananciales.
Durante una intervención en el ciclo televisivo de Mirtha Legrand a mediados del año pasado, la actriz subrayó que su silencio sobre los detalles económicos respondía al respeto por los tiempos procesales, aunque calificó la situación como una injusticia que ha perdurado por 20 años.
La audiencia actual es el resultado de una serie de negociaciones fallidas, cuyo antecedente más cercano se remonta a noviembre de 2025. La falta de consenso entre los fundadores de una de las sociedades más exitosas del espectáculo nacional obliga ahora a la Justicia a determinar si el reclamo de la actriz tiene sustento legal para ser ejecutado de inmediato.
La resolución de este caso marcará el cierre definitivo de un vínculo que comenzó en la década de los 90 y que, a pesar de los años, sigue vinculado por intereses corporativos y legales no resueltos. ¿Será este el último capítulo de una sociedad que nació en los sets de grabación y termina en los tribunales de San Isidro?
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