La Justicia Penal Económica sacudió este lunes los cimientos de la calle Viamonte. El juez Diego Amarante procesó a la plana mayor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. Se los investiga por la omisión de depósito de impuestos y contribuciones de la seguridad social por una suma superior a los $19.300 millones entre 2024 y 2025.
| Directivo Procesado | Cargo en AFA |
| Claudio Tapia | Presidente |
| Pablo Toviggino | Tesorero |
| Víctor Blanco | Vicepresidente (Racing) |
| Cristian Malaspina | Secretario General (Argentinos Juniors) |
Una estructura para la evasión
La resolución judicial considera a los dirigentes responsables del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. El agravante, según el magistrado, radica en que la maniobra se habría realizado mediante la intervención de más de dos personas bajo una estructura organizativa coordinada.
Aunque la defensa de los imputados argumentó que la deuda fue saldada posteriormente, el juez avanzó con el procesamiento al considerar que el delito se configuró al no haber abonado los aportes en tiempo y forma.
Silencio y escritos ante la Justicia
El procesamiento llega tras cumplirse los plazos procesales posteriores a las indagatorias. El pasado 12 de marzo, “Chiqui” Tapia se presentó en tribunales pero, al igual que Toviggino, evitó responder preguntas. En su lugar, presentó un escrito donde negó los cargos y cuestionó la exposición mediática del expediente, asegurando que no existió responsabilidad personal ni institucional.
El embargo dictado por Amarante busca resguardar los fondos ante la magnitud de la cifra bajo sospecha (más de 19 mil millones de pesos). Además de Tapia y Toviggino, la medida alcanza a Gustavo Roberto Lorenzo, completando así el procesamiento de los hombres con mayor poder de firma dentro de la institución.
El futuro de la conducción
Este revés judicial coloca a la conducción de la AFA en una situación de extrema debilidad institucional en medio de sus disputas con el Gobierno nacional por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Con los procesamientos confirmados, la causa entra en una etapa de elevación a juicio donde se determinará si los responsables deben cumplir penas de prisión efectiva por la retención de los aportes de los trabajadores del fútbol.