El mandatario denunció un “intento de golpe de Estado” tras seis semanas de rutas cortadas por indígenas y cocaleros afines a Evo Morales. La Paz y El Alto sufren escasez.
El mandatario denunció un “intento de golpe de Estado” tras seis semanas de rutas cortadas por indígenas y cocaleros afines a Evo Morales. La Paz y El Alto sufren escasez.

Bolivia se encuentra en un punto de máxima tensión política y social. Tras más de seis semanas de intensas protestas y bloqueos de carreteras que han paralizado la conectividad del país, el presidente de centroderecha, Rodrigo Paz, tomó una medida drástica para intentar contener la situación: decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional.
La medida llega en un momento crítico. Aunque el mandatario había alcanzado un principio de acuerdo este viernes con la central sindical COB para pacificar la nación, los sectores más duros —incluyendo a los indígenas de la Federación Túpac Katari y a los cocaleros afines al exmandatario Evo Morales— decidieron mantener las medidas de fuerza en las rutas, dejando al gobierno sin margen de negociación.
El conflicto comenzó a principios de mayo, impulsado por obreros, campesinos e indígenas que iniciaron huelgas y cortes de vías. Las demandas iniciales exigían soluciones urgentes a la crisis económica, catalogada como la más grave del país en las últimas cuatro décadas, además del rechazo a la venta de gasolina de mala calidad. Sin embargo, ante la falta de acuerdos, el reclamo mutó hacia la exigencia directa de la renuncia de Paz.
Hoy, las consecuencias de los bloqueos se sienten con fuerza en las principales urbes. Ciudades como La Paz y su vecina El Alto sufren una alarmante carestía de alimentos, medicinas y combustibles, en un contexto donde también se registraron violentos choques entre manifestantes y la policía.
Rodeado por su gabinete de ministros, el presidente Paz no dudó en calificar las movilizaciones como un ataque directo a la democracia. Durante su mensaje oficial, el jefe de Estado afirmó: “Tomamos la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional”.
Asimismo, el mandatario denunció públicamente que existe “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.
Desde el Ejecutivo, que asumió el poder en noviembre rompiendo con 20 años de hegemonía de la izquierda, se acusa directamente a Evo Morales de financiar y promover estas protestas con dinero del tráfico de drogas.
Por su parte, el expresidente se encuentra actualmente oculto en la región del Chapare cocalero, en el centro del país, buscando evitar una orden de captura en su contra por un caso de trata de menores, vinculado a la presunta violación y embarazo de una menor de edad.
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