Manuel Adorni adquirió un departamento en Caballito por USD 230.000, financiado en un 87% por las propias vendedoras jubiladas. La justicia investiga esta operación y otras propiedades no declaradas tras denuncias por un presunto incremento patrimonial injustificado del 500%.
Un reciente informe del Registro de la Propiedad Inmueble reveló las particularidades de la compra de una vivienda por parte del Jefe de Gabinete nacional el pasado 18 de noviembre. La propiedad, que cuenta con una superficie cercana a los 200 metros cuadrados, fue tasada en USD 230.000. Lo que destaca en la documentación oficial es la ingeniería financiera de la transacción: el funcionario obtuvo un préstamo hipotecario por USD 200.000 otorgado directamente por las vendedoras, lo que representa aproximadamente el 87% del valor total del inmueble.
Las acreedoras de este crédito son dos mujeres, una de ellas jubilada de 72 años, quienes financiaron la operación en partes iguales. Este movimiento contable ha generado interrogantes en el marco de la investigación sobre el patrimonio del vocero presidencial, ya que la modalidad de financiamiento privado por montos tan elevados no es habitual en el mercado inmobiliario estándar. La propiedad en cuestión perteneció anteriormente a un reconocido exfutbolista y había sido adquirida por las vendedoras apenas unos meses antes de traspasarla al actual ministro.
La situación del Jefe de Gabinete se complica en los tribunales federales, donde el fiscal Gerardo Pollicita impulsó una serie de requerimientos ante el juez Ariel Lijo. La Justicia busca esclarecer la evolución de los bienes de Adorni y su cónyuge tras una denuncia que advierte sobre un incremento patrimonial superior al 500%. Entre los puntos bajo la lupa se encuentra no solo el departamento de Caballito, sino también una finca en un exclusivo club de campo en Exaltación de la Cruz, la cual no figuraría de forma clara en las presentaciones realizadas ante la Oficina Anticorrupción.
Las medidas solicitadas por la fiscalía incluyen el rastreo de cuentas bancarias, registros vehiculares y activos financieros en el exterior que habrían sido omitidos en las declaraciones juradas oficiales. La diputada Marcela Pagano, impulsora de la denuncia original, sostiene que existen inconsistencias graves, como la justificación de fondos en efectivo mediante préstamos de familiares por sumas que superan los USD 24.000. Por el momento, el magistrado a cargo evalúa la pertinencia de las pruebas recolectadas para determinar si existe sustento suficiente que explique el origen de los recursos utilizados en estas recientes inversiones inmobiliarias.
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