El Poder Ejecutivo Nacional avanzará en las próximas horas con la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esta medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Seguridad, ubica a la totalidad de la estructura militar y política iraní bajo el mismo estatus que organizaciones como Hamas y Hezbolá.
La resolución, que se encuentra en fase final de redacción, dispone el bloqueo inmediato de bienes y activos financieros que la organización pudiera tener en territorio argentino. Asimismo, prohíbe cualquier operación dentro del sistema financiero local y obliga a los sujetos obligados a reportar movimientos sospechosos ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Antecedentes y justicia local
La decisión se fundamenta en la historia judicial del país. La Justicia argentina atribuyó la planificación de los ataques contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) a altos mandos del régimen de Teherán.
En este contexto, resalta la figura de Ahmad Vahidi, exministro iraní y actual referente de la Guardia, sobre quien pesa un pedido de captura internacional de Interpol desde 2007 por su presunta responsabilidad en el atentado a la mutual judía.
Dicha medida complementa la decisión adoptada en enero pasado, cuando el gobierno de Javier Milei incluyó en el listado a la Fuerza Quds, división de élite encargada de las operaciones internacionales de Irán.
Al ampliar la declaración a toda la Guardia Revolucionaria, el Estado argentino equipara su postura a la de Estados Unidos, país que adoptó una resolución similar en 2019.