Incertidumbre en el mercado financiero por el freno judicial al Fondo de Asistencia Laboral

La justicia frenó temporalmente la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral, pilar de la reforma económica. Pese a la cautelar, el Gobierno apelará para habilitar este fideicomiso, que inyectaría hasta USD 5.000 millones anuales al mercado de capitales mediante bonos.

La puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pilar de la reciente reestructuración normativa en materia de empleo, enfrenta un panorama complejo tras la reciente medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63. Esta resolución técnica, impulsada por la principal central obrera del país, ha generado una señal de alerta entre los operadores bursátiles, quienes temen que la “neblina” judicial postergue la operatividad de un instrumento diseñado para sustituir el sistema tradicional de resarcimientos por despido. Pese al revés en los tribunales, la administración nacional ratificó su voluntad de apelar el fallo y mantener el desarrollo administrativo de las reglas que regirán este nuevo ecosistema de capitales.

Desde el Palacio de Hacienda consideran que este fideicomiso es vital para dinamizar las finanzas locales, estimando un flujo anual de ingresos que podría oscilar entre los USD 2.500 y USD 5.000 millones. No obstante, el andamiaje burocrático para su activación es riguroso: se requiere de forma secuencial un decreto del Poder Ejecutivo, definiciones de las carteras de Economía y Trabajo, y finalmente la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Solo al concluir esta cadena, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispondrá de la facultad legal para emitir la normativa definitiva que habilite a los fondos comunes de inversión a gestionar estos activos.

Estrategias de los agentes de bolsa ante los plazos de implementación

En el sector privado, los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) observan con preocupación el calendario, dado que el esquema debería estar plenamente funcional para el inicio de junio, según lo estipulado por la Ley 27.082. Muchos referentes del ámbito financiero interpretan el bloqueo judicial como una interferencia de naturaleza política que no debería interrumpir el trabajo técnico de los organismos reguladores. En reuniones recientes con cámaras del sector, las autoridades de la CNV prometieron celeridad, sugiriendo que se publicarán resoluciones parciales en el corto plazo para que las sociedades de bolsa puedan adecuar sus estructuras internas mediante procedimientos de inscripción abreviados.

Las pautas de inversión para este nuevo volumen de dinero ya están mayormente delineadas: el grueso de las carteras, aproximadamente un 80%, deberá destinarse a instrumentos de deuda soberana, quedando descartada la opción de invertir en certificados de depósitos extranjeros (Cedears). Asimismo, se ha fijado un tope del 1% para los honorarios por gestión, buscando asegurar que el costo de administración no erosione los beneficios del fondo. Mientras la disputa legal escala hacia instancias superiores, los actores del mercado se mantienen en una vigilia activa, preparándose para operar un sistema que promete una inyección masiva de liquidez, pero que hoy depende de la resolución de un conflicto de poderes.

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