En una resolución que pone freno a lo que las defensas calificaron como una “persecución ideológica”, la Cámara Federal de San Martín dictó la falta de mérito para Alexia Abaigar, Eva Mieri e Iván Díaz Bianchi. Los tres habían sido procesados con prisión preventiva por la jueza de San Isidro tras una manifestación en el domicilio de José Luis Espert en junio de 2025.
Los hechos: Colocación de un pasacalle con insultos, panfletos y el arrojo de estiércol en la vereda del legislador.
Cargos anulados: La jueza los había acusado de sedición, amenazas agravadas y de formar una organización para imponer ideas por el terror (figuras aplicadas usualmente a grupos paraestatales).
Crítica de la Cámara: Los magistrados Néstor Barral y Alberto Lugones señalaron que tirar papeles y bosta no pone en peligro la estabilidad constitucional ni la tranquilidad social.
La Cámara advirtió que la jueza Arroyo Salgado excedió el objeto del proceso al intentar dar un “mensaje social” ajeno a su función judicial.
Un decálogo “antimanifestaciones”
El fallo de Arroyo Salgado fue calificado por los camaristas como falto de serenidad jurídica. La jueza había vinculado el escrache con un presunto clima de “sedición” tras la condena a la expresidenta Cristina Kirchner. Según la Cámara, la magistrada utilizó una “retórica filosófica” para justificar delitos graves que no se corresponden con la prueba recolectada.
“La exposición de la magistrada no parece exhibir la cautela que el caso requiere ni que su investidura aconseja”, subrayaron los jueces sobre las apariciones en prensa de Arroyo Salgado.
Además, el tribunal señaló que los términos utilizados en la resolución, como “ataque al fallo de la Corte Suprema”, muestran una incidencia valorativa que no pertenece al análisis técnico de los hechos.
Consecuencias de las detenciones
La causa generó fuertes denuncias por las condiciones de detención. Alexia Abaigar, militante de La Cámpora, permaneció tres semanas en el penal de Ezeiza a pesar de padecer una enfermedad autoinmune. Por su parte, Eva Mieri (concejala de Quilmes) también pasó dos semanas en prisión. Ambas celebraron el fallo como un límite al intento de disciplinar a la militancia barrial.
Tras la revocación, el proceso vuelve a foja cero respecto a la calificación legal, y los camaristas instaron a la magistrada a ceñirse exclusivamente a los hechos y a limitar sus apariciones públicas, en un momento donde el nombre de Arroyo Salgado suena para integrar la Corte Suprema o la Defensoría General.