El Gobierno informó la expulsión de 14.000 extranjeros

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló que las acciones alcanzaron a extranjeros con antecedentes penales, pedidos de captura y situaciones irregulares, mediante un incremento de controles biométricos en puntos fronterizos y operativos urbanos en el país.

Monteoliva anunció el control migratorio de 14.000 extranjeros. Foto: captura.

El Ministerio de Seguridad Nacional informó que 14.000 ciudadanos extranjeros resultaron afectados por las medidas de control migratorio durante el último semestre. La cifra oficial consolidó las actuaciones derivadas de los procedimientos conjuntos en terminales aéreas, puertos marítimos, pasos terrestres y fiscalizaciones de las fuerzas de seguridad federales.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, comunicó el balance de la gestión mediante la difusión de un registro audiovisual en sus canales oficiales. Durante su presentación, la funcionaria manifestó que el territorio se encuentra abierto para quienes ingresen con el fin de trabajar, invertir y cumplir la normativa vigente, al tiempo que remarcó la exclusión de quienes incumplan las leyes del país.

Respecto de la composición del universo informado, las autoridades especificaron que el reporte estadístico incluyó a personas con antecedentes condenatorios, ciudadanos con alertas rojas de Interpol y personas con impedimentos legales de ingreso. Asimismo, la nómina contempló los procesos de extradición y las detecciones de residentes en situación habitacional indocumentada o irregular.

Los registros de la cartera de seguridad indicaron una aceleración en los indicadores de control en comparación con los informes publicados a comienzos de año. A fines de enero, la administración central había documentado cerca de 5.000 casos acumulados, distribuidos entre 2.400 intervenciones durante diciembre y 2.300 en el transcurso del primer mes de 2026. Los funcionarios del área técnica atribuyeron el alza del período a la implementación de sistemas de cruce de datos y a la articulación fronteriza.

Paralelamente, las fuerzas federales mantuvieron despliegues de supervisión en áreas comerciales urbanas como metodología complementaria. En una inspección realizada por el Departamento Federal de Investigaciones de la PFA en la feria de Villa Celina, partido de La Matanza, los agentes identificaron a 458 personas, de las cuales 369 poseían nacionalidad extranjera.

El uso de dispositivos portátiles de verificación biométrica Morpho RAPID ID permitió comprobar que 16 de los civiles registraban anomalías en sus declaraciones migratorias.

Aquel procedimiento derivó además en intervenciones por supuestas infracciones a la Ley de Marcas número 22.362 y la comercialización de telefonía móvil con denuncias de robo activas en el ENACOM.

Por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 3 de Morón, a cargo del juez Leonardo Cano, las autoridades policiales confiscaron 70 celulares y prendas textiles falsificadas, y dispusieron la detención de cuatro ciudadanos de nacionalidad boliviana.

Por otra parte, la conducción ministerial vinculó el endurecimiento de los controles fronterizos al escenario de seguridad internacional y los protocolos preventivos vigentes.

En el marco de la cooperación regional, la cartera de seguridad ratificó la operatividad de las tareas estratégicas con Brasil y Paraguay en el sector de la Triple Frontera, junto con la planificación de un segundo comando de control tripartito integrado por la Argentina, Bolivia y Chile.

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