Paralelamente, las fuerzas federales mantuvieron despliegues de supervisión en áreas comerciales urbanas como metodología complementaria. En una inspección realizada por el Departamento Federal de Investigaciones de la PFA en la feria de Villa Celina, partido de La Matanza, los agentes identificaron a 458 personas, de las cuales 369 poseían nacionalidad extranjera.
El uso de dispositivos portátiles de verificación biométrica Morpho RAPID ID permitió comprobar que 16 de los civiles registraban anomalías en sus declaraciones migratorias.
Aquel procedimiento derivó además en intervenciones por supuestas infracciones a la Ley de Marcas número 22.362 y la comercialización de telefonía móvil con denuncias de robo activas en el ENACOM.
Por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 3 de Morón, a cargo del juez Leonardo Cano, las autoridades policiales confiscaron 70 celulares y prendas textiles falsificadas, y dispusieron la detención de cuatro ciudadanos de nacionalidad boliviana.
Por otra parte, la conducción ministerial vinculó el endurecimiento de los controles fronterizos al escenario de seguridad internacional y los protocolos preventivos vigentes.
En el marco de la cooperación regional, la cartera de seguridad ratificó la operatividad de las tareas estratégicas con Brasil y Paraguay en el sector de la Triple Frontera, junto con la planificación de un segundo comando de control tripartito integrado por la Argentina, Bolivia y Chile.