Venezuela permitirá concesiones mineras de hasta 50 años a empresas privadas y extranjeras. La nueva normativa legal busca atraer inversiones de Estados Unidos tras el cambio de gobierno en Caracas, estableciendo mecanismos de arbitraje internacional para proteger activos ante posibles confiscaciones.
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Orgánica de Minas el pasado jueves 9 de abril. El instrumento legal, compuesto por 131 artículos, deroga las regulaciones de 1999 y 2015, eliminando el control exclusivo del Estado sobre la explotación de minerales estratégicos.
Esta medida surge tras la mediación del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, y busca reactivar una industria deteriorada mediante la apertura del subsuelo al capital privado.
El nuevo marco jurídico establece que las concesiones mineras para la explotación de oro y otros minerales tendrán una duración inicial de 30 años. Según el texto, estos contratos podrán prorrogarse por dos períodos adicionales de 10 años cada uno.
El diputado, Orlando Camacho, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, señaló que el objetivo primordial es brindar “seguridad jurídica” a los consorcios internacionales interesados en los recursos venezolanos, especialmente en tierras raras y bauxita.
Una de las innovaciones más relevantes es la inclusión de mecanismos de resolución de conflictos. El artículo 9 permite que las controversias se decidan mediante mediación y arbitraje internacional, una demanda histórica de las empresas que sufrieron expropiaciones.
No obstante, algunos expertos advierten que la redacción sobre estas instancias externas carece de la precisión necesaria para garantizar su ejecución fuera de las fronteras nacionales.
A pesar de la apertura, la ley mantiene el principio de que la República conserva la propiedad de los yacimientos. El Estado estableció un tope de regalías del 13% sobre la producción bruta del mineral, calculado según su valor comercial.
Asimismo, el Banco Central de Venezuela (BCV) conservará un derecho preferente para la compra del oro obtenido en territorio nacional, con un lapso de 45 días para ejecutar dicha adquisición.
Paralelamente, la normativa crea cuatro nuevas entidades de supervisión. Entre ellas destaca una unidad especializada de la Guardia Nacional, cuya misión será vigilar las zonas de extracción y combatir la presencia de grupos armados irregulares. El Ejecutivo tendrá un plazo de 30 días para presentar la lista definitiva de los minerales estratégicos y reservados.
El proyecto ha generado críticas inmediatas por parte de organizaciones civiles. Un grupo de 15 ONG advirtió que la minería de oro es intrínsecamente destructiva y que la ley podría agravar la deforestación en la Amazonía.
Aunque la norma contempla multas por daños ambientales, activistas consideran que estas medidas son insuficientes ante la magnitud del impacto ecológico.
Informes previos de Naciones Unidas documentaron violaciones de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco, zona donde la ley pretende formalizar la actividad.
La transición hacia este nuevo esquema regulatorio otorga un año para que las empresas actuales adecúen sus operaciones, mientras que la Asamblea Nacional dispone de 180 días para aprobar el reglamento detallado. ¿Podrá este nuevo marco legal pacificar y regularizar un territorio históricamente dominado por la opacidad y la violencia?
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