Vanuatu, un pequeño archipiélago de Oceanía, les quitó el “documento” a tres pesqueros chinos tras las multas récord aplicadas por Argentina. Sin embargo, en una maniobra de prestidigitación náutica, los buques ya lucen el pabellón de Tanzania para seguir operando. Una radiografía de la impunidad en la milla 201.
Desde el espacio, las luces de la flota pesquera en el Atlántico Sur parecen una ciudad flotante; desde la costa, representan un dolor de cabeza soberano. Esta semana, la trama de la pesca ilegal sumó un capítulo de justicia poética y picardía internacional: la República de Vanuatu decidió soltarle la mano a los tres buques chinos que usaban su bandera para saquear el Mar Argentino.
Los protagonistas del escándalo son los pesqueros Bao Feng, Hai Xing 2 y Bao Win. Tras meses de jugar al gato y al ratón en la Zona Económica Exclusiva (ZEEA), la Prefectura Naval Argentina les aplicó multas que, en el caso del Bao Feng, superaron los $1.200 millones. Ante el desprestigio internacional, Vanuatu aplicó “tolerancia cero” y los borró de su registro. Pero en el mar, el crimen no descansa, solo se cambia de ropa.
Lo que para cualquier ciudadano sería un trámite burocrático de años, para la flota china fue cuestión de horas. Apenas perdieron el respaldo de Vanuatu, los tres buques se registraron en Tanzania.
Como bien explica el experto Milko Schvartzman, la trampa es técnica: el IMO (el número de “documento” del barco ante la Organización Marítima Internacional) sigue siendo el mismo, pero cambiaron su MMSI (la identidad de radio vinculada al país). Es el equivalente náutico a que un prófugo se cambie el nombre pero mantenga las huellas dactilares. Esta velocidad para “re-embanderarse” no es casual: un buque sin bandera en alta mar es una presa legal fácil para cualquier fuerza de seguridad.
Detrás de estos nombres de fantasía se esconde la empresa Hai Shun Shipping Co, una estructura offshore con base en Samoa y directivos chinos. Esta opacidad es el estándar de la flota de aguas distantes de China, la más rapaz del planeta, con más de 3.000 naves operando de forma subvencionada por Beijing.
Lo irónico —o cínico— del escenario global es que China está presionando para ser la sede del organismo de la ONU que protegerá la biodiversidad en alta mar (el acuerdo BBNJ). Mientras sus barcos son expulsados de registros por pesca ilegal, el gigante asiático ofrece inmunidad diplomática y fondos millonarios para controlar la oficina que debería vigilarlos. Como dice el refrán: “Pusieron al zorro a cuidar el gallinero”.
Mientras el mundo observa este juego de sombras, en Argentina el reloj corre. Aunque el país firmó el acuerdo BBNJ de la ONU, el Poder Ejecutivo aún no envió el texto al Congreso para su ratificación legislativa. Sin este paso, las herramientas de la Prefectura para intervenir fuera de las 200 millas siguen siendo limitadas frente a una flota que cambia de bandera tan rápido como cambia de red.
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