En una resolución que marca un punto de inflexión para la justicia federal de Lomas de Zamora, la Cámara Federal de La Plata ordenó la inmediata liberación de los líderes de la megaferia La Salada. Los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias dictaron la falta de mérito para Jorge Omar Castillo —conocido …
En una resolución que marca un punto de inflexión para la justicia federal de Lomas de Zamora, la Cámara Federal de La Plata ordenó la inmediata liberación de los líderes de la megaferia La Salada. Los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias dictaron la falta de mérito para Jorge Omar Castillo —conocido como el “Rey de la Salada”— y otros referentes del predio, provocando el colapso de la ambiciosa investigación por asociación ilícita y lavado de activos que había mantenido en vilo al principal polo comercial del conurbano sur.
El fallo revoca los procesamientos con prisión preventiva y deja sin efecto los embargos millonarios que pesaban sobre los acusados. La decisión no solo beneficia a Castillo, sino también a Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y una veintena de familiares, empleados y profesionales que habían sido señalados como parte de una estructura criminal dedicada a blanquear dividendos provenientes de la evasión y la venta de productos apócrifos.
Los camaristas no ahorraron adjetivos al calificar la labor de la fiscal Cecilia Incardona y el juez federal Luis Armella. Según el tribunal, el procesamiento dictado en julio de 2025 fue “prematuro” y careció de la motivación necesaria para sostener acusaciones tan graves.
El argumento central de la Cámara radica en la incapacidad de la instrucción para distinguir entre la actividad comercial lícita de una feria de esta magnitud y una verdadera empresa criminal.
“El magistrado intentó probar la asociación ilícita enumerando tareas administrativas habituales, como el cobro de alquileres, sin explicar con precisión qué actividad puntual escaparía al normal desarrollo comercial para convertirse en delito”, señalaron los jueces.
La hipótesis de la fiscalía sostenía que, entre 2021 y 2025, solo en las cuentas bancarias de la administración de Punta Mogote ingresaron más de $26.000 millones de pesos. Para los investigadores, este flujo de dinero era el resultado de una evasión tributaria estructural y la explotación de marcas falsificadas, fondos que luego se habrían utilizado para adquirir estancias, inmuebles de lujo y vehículos de alta gama.
Sin embargo, la Cámara Federal advirtió que listar un patrimonio no equivale a probar un delito de blanqueo. El tribunal destacó que no se especificaron las condiciones de “modo, tiempo y lugar” en que se habrían realizado las maniobras de lavado, ni se logró demostrar fehacientemente el delito precedente que generó tales ganancias.
Con el dictado de la falta de mérito, se ordenó la restitución de bienes y el levantamiento de las restricciones financieras.
| Imputados | Jerarquía Alegada | Embargo Revocado |
| Castillo, Corrillo Torrez y Presa | Supuestos Jefes | $750 millones (c/u) |
| Miembros principales | Organizadores | $500 millones |
| Partícipes secundarios | Administrativos / Empleados | $250 millones |
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