Juan Carlos Peinado, magistrado del juzgado 41 de Madrid, cerró la investigación contra la esposa del presidente español por corrupción y malversación. Resolución judicial compara el entorno de Pedro Sánchez con regímenes absolutistas y provoca una crisis institucional.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acordó la continuación del procedimiento para que Begoña Gómez sea juzgada ante un tribunal del jurado. Tras dos años de pesquisas, el instructor halló indicios suficientes para imputarle los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El auto judicial también afecta a su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.
La resolución, que consta de 39 páginas, sostiene que la investigada aprovechó su posición como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para impulsar su carrera profesional.
Según el magistrado, Gómez influyó en autoridades para crear una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a pesar de no contar con una licenciatura universitaria. El juez subrayó que este fue un caso excepcional en la institución académica.
Uno de los puntos centrales de la acusación es la presunta apropiación de un programa informático desarrollado para la cátedra. El juez detalló que Gómez registró a su nombre la marca y el dominio de la plataforma, valorada inicialmente en 108.765 euros, aunque el magistrado estima que el coste real superó el medio millón. La defensa, por el contrario, sostuvo que la investigada actuó bajo la dirección de la propia universidad.
Respecto a la malversación, el juez Peinado consideró que el uso de Cristina Álvarez, asesora pagada con fondos públicos, para tareas privadas de la cátedra constituye un desvío de recursos. El auto resaltó que la empleada percibió más de 360.000 euros brutos del erario entre 2018 y 2025 mientras colaboraba en la actividad privada de la esposa del presidente.
El texto judicial incluyó duras críticas al entorno de la Presidencia, comparando el uso del Palacio de la Moncloa para reuniones privadas con conductas de “regímenes absolutistas”.
Peinado llegó a mencionar que para encontrar precedentes habría que remontarse al reinado de Fernando VII. Estas referencias generaron un profundo malestar en el Ejecutivo, cuyas fuentes calificaron el lenguaje del juez como “insólito” y “loquísimo”.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, defendió la inocencia de los implicados y confió en que la Audiencia Provincial de Madrid revoque el procesamiento.
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