Las jubiladas que vendieron un inmueble a Manuel Adorni declaran hoy en Comodoro Py bajo sospecha de enriquecimiento ilícito. La fiscalía investiga un inusual crédito sin intereses de 200.000 dólares y ordenó el levantamiento del secreto bancario de todos los implicados.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete sumará hoy capítulos fundamentales en Comodoro Py. El fiscal Gerardo Pollicita citó a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las vendedoras del inmueble situado en la calle Miró, para que brinden detalles sobre las condiciones de pago pactadas con el funcionario y su mujer. Las testigos tienen la orden de entregar sus dispositivos móviles, permitiendo que la justicia analice las comunicaciones, correos y archivos multimedia que pudieran arrojar luz sobre la transacción de 230.000 dólares, de la cual solo se habrían abonado 30.000 en efectivo.
El foco de la fiscalía está puesto en la excepcionalidad del crédito hipotecario concedido a Adorni: un préstamo de 200.000 dólares a devolver en apenas doce meses y sin el cobro de intereses. Según trascendidos de la escribanía interviniente, este beneficio se habría fundamentado en un vínculo de amistad entre el ministro y Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las vendedoras, cuyos hijos comparten ámbito escolar. La justicia busca determinar si este trato preferencial encubre irregularidades patrimoniales o si efectivamente responde a una relación de confianza privada.
La hoja de ruta judicial continuará la próxima semana con el paso de los responsables de la inmobiliaria por los tribunales de Retiro. El lunes 20 será el turno de los corredores Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, mientras que el miércoles 22 comparecerá el propio Feijoo. Además, la pesquisa se ha extendido hacia otra propiedad en el country Indio Cuá, para lo cual se convocó al antiguo propietario y al contratista encargado de las reformas, a quien se le exigió presentar presupuestos y comprobantes de las obras realizadas.
En paralelo a las declaraciones, el juez Ariel Lijo ha tomado medidas drásticas para rastrear el flujo de dinero. Se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto de Manuel Adorni como de su esposa y de las cuatro mujeres que figuran como sus acreedoras en distintas operaciones. Con esta medida, el Ministerio Público y ARCA pretenden constatar si las jubiladas y las agentes policiales involucradas en las hipotecas poseían realmente el respaldo financiero suficiente para otorgar préstamos de tal magnitud, en un expediente que comenzó tras las denuncias por viajes en vuelos privados y contradicciones en sus presentaciones oficiales.
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