La suspensión de la residente Chantal “Tati” Leclercq destapó una red de consumo de anestésicos sustraídos de hospitales públicos y privados. Ante la asociación de anestesiólogos, la médica admitió haber utilizado drogas quirúrgicas fuera del ámbito institucional, vinculando el caso con la reciente muerte del médico Alejandro Zalazar.
La investigación judicial por la sustracción de fármacos en centros de salud porteños sumó un capítulo determinante tras la declaración de Chantal “Tati” Leclercq ante la Aaarba. La residente de tercer año del Hospital Rivadavia confesó haber consumido propofol, fentanilo y ketamina —sustancias de uso estrictamente hospitalario— fuera del entorno médico. El testimonio, que derivó en su suspensión inmediata, se dio en el marco de la conmoción por el fallecimiento de Alejandro Zalazar, un excompañero de residencia hallado muerto con insumos médicos en su domicilio.
Drogas confesadas: La médica admitió el uso de propofol, fentanilo, midazolam y ketamina, obtenidos del hospital.
Vínculos clave: Leclercq reconoció encuentros de consumo con Delfina “Fini” Lanusse (residente del Hospital Italiano) y una oportunidad junto a Zalazar.
Investigación administrativa: La Aaarba abrió un sumario interno y la justicia amplió la denuncia por presunto delito contra la salud pública.
Nuevos controles: El Ministerio de Salud porteño activó un protocolo obligatorio para vigilar el descarte de ampollas abiertas.
El relato de Leclercq ante el comité de la Aaarba reveló un patrón de consumo que se habría iniciado antes de su ingreso a la residencia, pero que se profesionalizó con el acceso a drogas quirúrgicas. Según la médica, el suministro provenía del Hospital Rivadavia, aunque las aplicaciones se realizaban en ámbitos privados. Esta declaración es el nudo gordiano para los abogados, ya que la sustracción de insumos de una institución pública para uso personal constituye un delito penal que agrava la situación de los implicados.
La residente también brindó detalles sobre un viaje a Colombia en enero de este año junto a Lanusse, donde habrían consumido estupefacientes como cocaína y micropunto. A pesar de que Leclercq aseguró haber abandonado los anestésicos hospitalarios en septiembre pasado, la justicia pone el foco en la red de contactos y la facilidad con la que estos profesionales accedían a sustancias de alto riesgo sin dejar registros de faltantes en las farmacias de los hospitales.
El impacto del caso obligó al Gobierno de la Ciudad a endurecer los controles. La falta de “unidades cerradas” faltantes en los inventarios sugiere que la sustracción ocurre mediante el robo de remanentes o dosis declaradas como administradas pero desviadas. El nuevo protocolo de aplicación obligatoria busca fiscalizar cada etapa: desde que la ampolla sale de la farmacia hasta que el envase vacío es descartado bajo supervisión, intentando cerrar la brecha de vulnerabilidad sistémica que permitió este desvío.
Mientras el Hospital Rivadavia avanza con su propia auditoría, la salud mental y la ética profesional en las residencias de anestesiología quedaron bajo la lupa. La Aaarba ordenó a Leclercq iniciar un tratamiento de rehabilitación, pero la médica ha optado por el silencio tras recibir asesoramiento legal. La causa judicial continúa recolectando pruebas para determinar si estas reuniones de consumo eran una práctica extendida entre jóvenes profesionales y cuántos centros de salud fueron víctimas del robo hormiga de narcóticos.
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