De acuerdo con informes del CIN, las transferencias a las universidades registraron una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. En términos de poder adquisitivo, los salarios universitarios aumentaron un 158% desde diciembre de 2023, frente a una inflación acumulada del 280% en el mismo periodo. Esta brecha generó un deterioro salarial equivalente a más de siete sueldos mensuales básicos.
El conflicto universitario escaló tras el fracaso de la estrategia judicial y política del oficialismo. El secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, intentaron sin éxito impulsar una nueva legislación para reducir el impacto fiscal. La falta de acuerdos en el Congreso y los fallos adversos dejaron al Gobierno en una posición de vulnerabilidad administrativa.
Ante la falta de pagos efectivos, la comunidad académica y los sindicatos evalúan retomar las movilizaciones masivas. El antecedente de 2024 genera preocupación en el Poder Ejecutivo por el posible impacto en el humor social, en un contexto de caída de la recaudación y ascenso de precios.
La resolución definitiva queda ahora en manos del máximo tribunal, mientras el Tesoro Nacional evalúa de dónde extraer los fondos sin quebrar el equilibrio financiero. El cumplimiento de la ley podría reconfigurar el presupuesto de 2026 y las metas pactadas con organismos internacionales. ¿Podrá el Gobierno sostener su narrativa de austeridad ante una obligación judicial de esta magnitud?