Vence el plazo legal para que el Gobierno nacional gire fondos millonarios a 56 universidades públicas. Tras el rechazo judicial a la apelación oficial, el oficialismo debe acatar la ley de financiamiento para evitar nuevas movilizaciones nacionales.
El Gobierno nacional enfrenta un plazo legal crítico que vence este viernes para ejecutar el pago de $2,5 billones destinados a las 56 universidades públicas del país. La medida responde al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia fue confirmada por la Cámara III en lo Contencioso Administrativo Federal tras rechazar los recursos presentados por el Ministerio de Capital Humano.
Desde la Casa Rosada admitieron que las probabilidades de obtener una suspensión de la medida por parte de la Corte Suprema de Justicia son escasas. Fuentes oficiales confirmaron que el Ejecutivo se prepara para un desembolso dosificado, aunque sostuvieron que esta erogación compromete la meta del superávit fiscal. “Se estima en 2,5 billones el costo que tendrá que afrontar el Poder Ejecutivo“, señalaron fuentes del entorno presidencial.
La cifra en disputa es significativa en términos macroeconómicos: supera en 750 millones de dólares al reciente desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mientras el oficialismo busca ganar tiempo mediante un recurso extraordinario federal, los gremios docentes y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigieron la convocatoria inmediata a paritarias para actualizar salarios frente a la inflación.
De acuerdo con informes del CIN, las transferencias a las universidades registraron una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. En términos de poder adquisitivo, los salarios universitarios aumentaron un 158% desde diciembre de 2023, frente a una inflación acumulada del 280% en el mismo periodo. Esta brecha generó un deterioro salarial equivalente a más de siete sueldos mensuales básicos.
El conflicto universitario escaló tras el fracaso de la estrategia judicial y política del oficialismo. El secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, intentaron sin éxito impulsar una nueva legislación para reducir el impacto fiscal. La falta de acuerdos en el Congreso y los fallos adversos dejaron al Gobierno en una posición de vulnerabilidad administrativa.
Ante la falta de pagos efectivos, la comunidad académica y los sindicatos evalúan retomar las movilizaciones masivas. El antecedente de 2024 genera preocupación en el Poder Ejecutivo por el posible impacto en el humor social, en un contexto de caída de la recaudación y ascenso de precios.
La resolución definitiva queda ahora en manos del máximo tribunal, mientras el Tesoro Nacional evalúa de dónde extraer los fondos sin quebrar el equilibrio financiero. El cumplimiento de la ley podría reconfigurar el presupuesto de 2026 y las metas pactadas con organismos internacionales. ¿Podrá el Gobierno sostener su narrativa de austeridad ante una obligación judicial de esta magnitud?
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