Estados Unidos sancionó a dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto a funcionarios y mineras nicaragüenses. Washington los acusa de manejar una red de empresas fachada para blanquear activos y confiscar ilegalmente propiedades estadounidenses vinculadas al sector aurífero.
La administración estadounidense ha endurecido las restricciones económicas contra el círculo íntimo de Daniel Ortega y Rosario Murillo al penalizar a dos de sus descendientes, Daniel Edmundo y Maurice Facundo, junto con un grupo de funcionarios y compañías vinculadas a la explotación de oro. El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, señaló que estas medidas responden a la creación de un entramado de firmas fantasma utilizado para el blanqueo de capitales y la financiación de la estructura política nicaragüense. Según la acusación formal, el régimen habría confiscado ilegalmente activos y plantas de procesamiento pertenecientes a inversores de Estados Unidos para luego comercializar el mineral en mercados internacionales sin otorgar indemnización alguna. Entre los individuos alcanzados por las sanciones también figura el viceministro de Energía y Minas, Santiago Bermúdez Tapia, acusado de facilitar la ocupación forzosa de explotaciones privadas para consolidar el poder dinástico de la familia gobernante. Washington sostiene que desde 2020 se ha instrumentalizado el sector minero como una herramienta de control estatal y de evasión de sanciones previas, asignando roles estratégicos a los hijos de la pareja presidencial para perpetuar sus objetivos políticos.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
