El gobierno de Daniel Noboa anunció un toque de queda nocturno en nueve provincias, incluidas Quito y Guayaquil, del 3 al 18 de mayo. La medida busca frenar al narcotráfico y cuenta con el respaldo estratégico de Estados Unidos.
El gobierno de Daniel Noboa anunció un toque de queda nocturno en nueve provincias, incluidas Quito y Guayaquil, del 3 al 18 de mayo. La medida busca frenar al narcotráfico y cuenta con el respaldo estratégico de Estados Unidos.
La administración de Daniel Noboa anunció este lunes la implementación de un toque de queda que afectará a los principales centros urbanos del país, incluyendo la capital y el puerto principal, durante la primera quincena de mayo. Esta determinación, que restringe el tránsito ciudadano entre las 23:00 y las 05:00 horas, se aplicará en nueve provincias donde la actividad de las mafias del narcotráfico ha generado niveles críticos de inseguridad. La medida busca consolidar el control estatal en los territorios más vulnerables y se suma a la reciente extensión del estado de excepción, ratificando la estrategia de intervención directa que el Palacio de Carondelet mantiene desde el inicio de la crisis de violencia interna.
El despliegue de seguridad cuenta con el firme aval de la Casa Blanca, como quedó evidenciado tras el reciente encuentro estratégico en Guayaquil entre el mandatario ecuatoriano y el máximo responsable de la DEA, Terry Cole. A pesar de los cuestionamientos de diversas organizaciones internacionales respecto al uso de fuerzas militares en labores de orden público, el Ejecutivo sostiene que la militarización de las calles es indispensable para desarticular a las bandas criminales que han disparado la tasa de homicidios en la región. Con este nuevo paquete de restricciones, el Gobierno ecuatoriano apuesta por una vigilancia intensiva en las jurisdicciones de mayor riesgo, en un intento por frenar la expansión operativa de los grupos transnacionales de droga.
Victoria Villarruel, el Gabinete nacional en pleno y Axel Kicillof coincidirán este martes en la Basílica para la misa central por el aniversario del fallecimiento del Sumo Pontífice.
La Cámara Federal de Tucumán admitió la recusación contra el magistrado Sebastián Argibay por presuntos vínculos comerciales con el entorno del tesorero de la entidad.
La ANMAT suspendió preventivamente a Global Pharma Group S.A. tras detectar serias fallas en Ramos Mejía. El organismo halló falta de trazabilidad, interrupción en la cadena de frío e higiene deficiente, prohibiendo el traslado de sus medicamentos entre diversas provincias argentinas.
El flujo neto del RIGI superó los USD 700 millones a marzo de 2026, impulsado por sectores de energía y minería. Con beneficios fiscales clave, el régimen atrae proyectos masivos como Vaca Muerta Sur y ampliaciones en la industria del litio.
Ante las trabas de EE. UU., China aceleró su autosuficiencia tecnológica invirtiendo en semiconductores nacionales. Aunque aún no lidera en chips avanzados de IA, domina el mercado de componentes tradicionales, presionando los precios globales y desafiando el liderazgo occidental.
La Justicia federal investiga una red de lavado en Santiago del Estero que involucra a Pablo Toviggino. Empresas vinculadas al tesorero de la AFA habrían recibido $1.243 millones públicos y giros millonarios del fútbol mediante facturación apócrifa y cuentas puente.
Pagni describe la ruptura del “triángulo de hierro” oficialista, con una interna feroz entre Karina Milei y Santiago Caputo. En un contexto de salarios deteriorados y esperanza en baja, la irrupción política del Papa suma un nuevo desafío al Gobierno.
El Ministerio de Capital Humano negó deudas con Buenos Aires y atribuyó el desfinanciamiento de programas alimentarios a decisiones de Axel Kicillof. Nación aclaró que solo aporta el 20% del SAE, mientras prioriza la Tarjeta Alimentar y planes de alfabetización escolar.
