La Justicia allanó la vivienda de un estudiante de primer año tras la difusión de una imagen con un arma y municiones en redes sociales. El Ministerio de Educación porteño activó los nuevos protocolos de seguridad para resguardar a la comunidad.
La Justicia allanó la vivienda de un estudiante de primer año tras la difusión de una imagen con un arma y municiones en redes sociales. El Ministerio de Educación porteño activó los nuevos protocolos de seguridad para resguardar a la comunidad.

Un clima de extrema preocupación se vivió este martes en el tradicional Colegio Champagnat de Recoleta. La alarma se encendió luego de que un alumno de 13 años publicara en su estado de WhatsApp una fotografía de un arma de fuego y una caja de municiones con un mensaje intimidatorio: “Voy a hacer un tirot-”.
Ante la viralización del contenido entre los padres, las autoridades de la institución de los Hermanos Maristas radicaron la denuncia y activaron los protocolos de emergencia. “La situación está contenida y en proceso de resolución”, informaron desde el colegio a través de un comunicado oficial para llevar tranquilidad a las familias.
Puntos clave de la intervención judicial:
Allanamiento: La Policía registró el domicilio del menor; no hallaron armas, pero secuestraron una notebook y celulares.
Sin evacuación: El colegio aclaró que no hubo presencia policial en el edificio ni se desalojó el establecimiento.
Sanción preventiva: El estudiante fue suspendido de las clases presenciales por tiempo indeterminado.
Causa federal: Interviene el Juzgado Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini.

El episodio ocurre en un contexto de especial sensibilidad, coincidiendo con el reciente anuncio del Jefe de Gobierno sobre la tolerancia cero ante este tipo de delitos. Las guías actualizadas del Ministerio de Educación porteño establecen que, ante cualquier sospecha de armas, se debe dar aviso inmediato al 911 y a la Justicia.
Desde el establecimiento subrayaron que, aunque la amenaza se originó en el ámbito privado del alumno, la respuesta fue inmediata para garantizar la integridad psicofísica de los estudiantes. “La seguridad siempre estuvo y estará garantizada”, remarcaron los directivos, pidiendo evitar la difusión de rumores que generen pánico innecesario.
La investigación ahora se centra en el peritaje de los dispositivos electrónicos secuestrados para determinar el origen de la fotografía y si el adolescente tenía acceso real al armamento. Al tratarse de un menor de edad, el protocolo prioriza el interés superior del niño, resguardando su identidad y evitando su estigmatización.
Especialistas advierten que estos comportamientos suelen estar vinculados a desafíos virales o búsquedas de validación en redes sociales. No obstante, la Justicia Federal mantiene la carátula de investigación por amenazas, recordando que estos actos, aunque sean realizados por menores, constituyen un delito grave que moviliza recursos públicos y altera la paz social.
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