Giorgia Meloni impulsa pagos a abogados que faciliten repatriaciones voluntarias de migrantes, generando rechazo del Consejo Nacional de la Abogacía, magistrados y partidos de la oposición, que denuncian un riesgo para la independencia de la defensa.
El Ejecutivo italiano trabaja en un plan que pagaría a abogados que acompañen repatriaciones voluntarias de migrantes, vinculando una parte de su remuneración al resultado del caso. La disposición se introdujo como una enmienda en el nuevo decreto de seguridad, que el Parlamento debe convertir en ley antes del 25 de abril.
Según el texto aprobado inicialmente en el Senado, el abogado recibiría un incentivo equivalente a la ayuda económica que el Estado otorga al migrante que regrese a su país, lo que en estimaciones de la oposición rondaría los 615 euros por caso. Los fondos se descontarían de partidas reservadas del Ministerio de Economía, con 246.000 euros previstos para 2026 y 492.000 euros anuales para 2027 y 2028.
El incentivo se canalizaría a través del Consejo Nacional de la Abogacía (CNF), organismo que coordina los colegios profesionales, aunque el propio CNF ha advertido que nunca fue informado de la medida ni de su participación y ha pedido que se retire su implicación, porque considera que estas tareas no entran en su ámbito institucional.
La propuesta ha generado rechazo en gran parte del sector jurídico. La Unión de Cámaras Penales (UCPI) lo califica de incompatible con la Constitución y con la ética de la abogacía, al vincular la retribución al resultado político‑administrativo del Estado.
La Asociación Nacional de Magistrados (ANM) y la Asociación por los Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI) también denuncian un “ataque” al derecho de defensa y a la independencia profesional, advirtiendo sobre riesgos para las personas migrantes, entre ellos el retorno a situaciones de violencia o trata.
El presidente de la República, Sergio Mattarella, jurista y exjuez constitucional, ha pedido que se modifique la norma, lo que alimenta un cruce institucional entre el Ejecutivo y el Quirinal.
Asimismo, el gobierno responde que ajustará la medida con un decreto correctivo: se ampliaría el grupo de beneficiarios a mediadores y asociaciones y se permitiría percibir el incentivo aunque la repatriación no se concrete, con el fin de suavizar las críticas sobre condicionar el pago al éxito del regreso.
La oposición de centroizquierda y del Movimiento 5 Estrellas se ha movilizado en el debate parlamentario, acusando al gobierno de instrumentalizar a la abogacía y de diseñar una “recompensa estilo Lejano Oeste” para que los profesionales favorezcan las políticas de control migratorio en detrimento de los derechos de sus clientes.
Pese a la presión, el Ejecutivo ha presentado una moción de confianza para aprobar el decreto de seguridad en su versión actual, mientras prepara el ajuste posterior, lo que deja abierta la discusión sobre hasta qué punto el Estado puede orientar las decisiones de los abogados mediante incentivos económicos sin menoscabar el derecho de defensa de los migrantes.
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