Fraude en la Armada: investigan desvíos por $981 millones

El Ministerio de Defensa ordenó activar los consejos disciplinarios contra diez efectivos salpicados por maniobras irregulares en liquidaciones salariales. La causa penal analiza transferencias indebidas concretadas a cuentas bancarias entre 2022 y 2026.

La conducción naval apartó de sus funciones a diez uniformados implicados en la tramitación de cobros irregulares dentro de los sistemas informáticos de haberes.

📌 El impacto de la maniobra en números:

  • Monto total detectado: $981.148.567,88 en acreditaciones indebidas.

  • Acreditaciones fraguadas: 645 operaciones registradas desde julio de 2022 hasta inicios de 2026.

  • Involucrados: 10 efectivos de las fuerzas armadas y 13 civiles ajenos a la institución.

  • Fondos recuperados: $42.574.267,63 mediante devoluciones espontáneas.

El ministro de Defensa impulsó la aplicación de las máximas sanciones administrativas tras tomar conocimiento sobre el alcance de las auditorías internas. La instrucción busca sustanciar las destituciones mediante tribunales disciplinarios garantizando el derecho a defensa.

Mecanismo informático y manipulación de fondos

Las irregularidades utilizaban dinero retenido antes de su acreditación definitiva a la Tesorería General. Los responsables alteraban las planillas de transferencias luego de los controles regulares para desviar excedentes hacia cuentas particulares.

Los registros eran modificados nuevamente tras concretar el depósito bancario para ocultar las diferencias entre los recibos impresos y las cifras giradas. La discrepancia fue descubierta al contrastar los balances contables con los informes remitidos por la entidad bancaria.

Beneficiarios externos y cauce judicial

Cuatro personas sin relación laboral recibieron casi el 45% del total desviado durante los tres años de operaciones. Entre los receptores destaca la esposa del principal oficial sumariado, quien concentró transferencias por más de $152 millones.

La denuncia penal recayó en el Juzgado Federal N° 2 para determinar la posible comisión de delitos de corrupción. En paralelo al expediente judicial, la fuerza mantiene resguardado el equipamiento informático para peritar todas las transacciones históricas.

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