Brasil expulsó a un enlace policial estadounidense tras la previa remoción de un agente brasileño en Miami por parte del gobierno de Trump. El presidente Lula respaldó la medida de reciprocidad, calificando la acción norteamericana como una ruptura del diálogo diplomático.
En una escalada de tensiones que marca un nuevo mínimo en el vínculo bilateral, el Ejecutivo encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva determinó este miércoles la anulación de los permisos de un funcionario de enlace de seguridad de los Estados Unidos. Esta resolución constituye una respuesta directa a la previa remoción de un delegado brasileño que desempeñaba funciones en Miami ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La administración de Donald Trump había justificado su accionar alegando supuestas interferencias en sus mecanismos migratorios y el traslado de persecuciones con fines partidarios a suelo estadounidense, utilizando términos que aluden al proceso judicial contra el exmandatario Jair Bolsonaro por la asonada institucional de hace cuatro años.
Ante la falta de una comunicación formal previa por parte de Washington, la diplomacia de Brasil calificó la medida como un alejamiento de las normas de convivencia entre Estados aliados. En este marco, el presidente Lula respaldó públicamente la aplicación del principio de reciprocidad, extendiendo sus felicitaciones a la cúpula de la Policía Federal por actuar de manera idéntica con el representante de rango equivalente que operaba en territorio sudamericano. El mandatario brasileño manifestó que la normalización de las relaciones estará supeditada a la voluntad de diálogo de la Casa Blanca, mientras que el agente afectado, Marcelo Ivo de Carvalho, ya ha cesado sus actividades de cooperación en materia de seguridad que estaban amparadas por tratados vigentes entre ambas naciones.
Lucas Forastieri, hijo de un magnate del transporte y “gurú” financiero en redes, fue detenido en Luján. Acusado de estafar a inversores por cifras millonarias, su vida de lujos en Instagram contrastaba con proyectos inmobiliarios fantasmas y bonos que nunca devolvió.
Juan Ignacio Debandi Álvarez, de 36 años y oriundo de General Rodríguez, fue visto por última vez a mediados de enero en la ciudad de Cassis. Su familia inició una búsqueda internacional tras perder rastro de sus dispositivos electrónicos y movimientos bancarios.
En una medida sin precedentes en democracia, la gestión de Javier Milei quitó el acceso biométrico a todos los cronistas acreditados en Balcarce 50. La decisión surge tras una denuncia penal por presunto espionaje contra trabajadores del canal TN.
El mercado de fusiones y adquisiciones en Argentina creció un 63% en 2025, sumando USD 8.500 millones. Impulsado por el RIGI y reformas estructurales, el sector energético lideró las transacciones, marcando el regreso de inversores internacionales y una mayor estabilidad macroeconómica.
La probabilidad de recesión en Argentina bajó al 85% en marzo, alejándose del pico del 99% registrado en enero, según la UTDT. Aunque el Índice Líder muestra una leve recuperación mensual, el riesgo sigue siendo elevado debido a indicadores interanuales negativos.
El vicealmirante retirado David Burden declaró que el ARA San Juan estaba en óptimo estado estructural, pues implosionó tras superar su profundidad de diseño. Atribuyó el desastre a un descenso descontrolado, posiblemente causado por una explosión previa de hidrógeno.
Un testigo reveló ante la justicia una deuda no declarada de 65.000 dólares de Manuel Adorni por refacciones inmobiliarias. El fiscal Pollicita investiga si el patrimonio del funcionario y sus millonarios gastos en efectivo son compatibles con sus ingresos declarados.
Córdoba cobrará a los padres los operativos de seguridad generados por falsas amenazas de tiroteos escolares. La medida busca resarcir al Estado por el uso de recursos policiales y bomberos, responsabilizando económicamente a las familias por las conductas de los menores.
