Taiwán oficializó la compra de armamento estadounidense por 6.600 millones de dólares para fortalecer su defensa ante China. El acuerdo incluye sistemas HIMARS y obuses Paladin, financiados mediante un presupuesto especial y facilidades de pago otorgadas por el gobierno norteamericano.
En un movimiento estratégico para blindar su soberanía, el gobierno de Taiwán ha formalizado una serie de convenios con Washington destinados a la adquisición de armamento avanzado por una cifra superior a los 6.600 millones de dólares. Según trascendió este miércoles, la operación se consolidó mediante la firma de seis tratados bilaterales entre la delegación de defensa de la isla y el Instituto Americano en Taiwán, consolidando así el mayor paquete de asistencia militar aprobado hasta la fecha. El equipamiento incluye sistemas de artillería de alta movilidad HIMARS y unidades de obuses autopropulsados Paladin, herramientas clave para una defensa asimétrica frente al despliegue de fuerzas de Pekín. Esta transacción ocurre en un momento de extrema sensibilidad diplomática, precediendo a una posible cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, donde el estatus del territorio insular se perfila como el punto de mayor fricción en la agenda de las dos potencias.
La inversión no se limita a la artillería pesada, sino que contempla una visión integral de seguridad que abarca el suministro de proyectiles antiblindaje, la fabricación compartida de municiones de alto calibre y la contratación de asesoría técnica especializada para el diseño de una red de defensa aérea unificada. Para facilitar este desembolso multimillonario, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha autorizado un esquema de pagos fraccionados, permitiendo que la administración taiwanesa gestione el costo dentro de un presupuesto de defensa excepcional de casi 40.000 millones de dólares. Mientras Taipéi justifica estas compras como una necesidad imperiosa para disuadir cualquier intento de incursión armada, China observa con recelo el fortalecimiento del vínculo militar entre la isla y la Casa Blanca, reafirmando que este acercamiento transgrede los límites fundamentales de su relación bilateral con el gobierno estadounidense.
Lucas Forastieri, hijo de un magnate del transporte y “gurú” financiero en redes, fue detenido en Luján. Acusado de estafar a inversores por cifras millonarias, su vida de lujos en Instagram contrastaba con proyectos inmobiliarios fantasmas y bonos que nunca devolvió.
Juan Ignacio Debandi Álvarez, de 36 años y oriundo de General Rodríguez, fue visto por última vez a mediados de enero en la ciudad de Cassis. Su familia inició una búsqueda internacional tras perder rastro de sus dispositivos electrónicos y movimientos bancarios.
En una medida sin precedentes en democracia, la gestión de Javier Milei quitó el acceso biométrico a todos los cronistas acreditados en Balcarce 50. La decisión surge tras una denuncia penal por presunto espionaje contra trabajadores del canal TN.
El mercado de fusiones y adquisiciones en Argentina creció un 63% en 2025, sumando USD 8.500 millones. Impulsado por el RIGI y reformas estructurales, el sector energético lideró las transacciones, marcando el regreso de inversores internacionales y una mayor estabilidad macroeconómica.
La probabilidad de recesión en Argentina bajó al 85% en marzo, alejándose del pico del 99% registrado en enero, según la UTDT. Aunque el Índice Líder muestra una leve recuperación mensual, el riesgo sigue siendo elevado debido a indicadores interanuales negativos.
El vicealmirante retirado David Burden declaró que el ARA San Juan estaba en óptimo estado estructural, pues implosionó tras superar su profundidad de diseño. Atribuyó el desastre a un descenso descontrolado, posiblemente causado por una explosión previa de hidrógeno.
Un testigo reveló ante la justicia una deuda no declarada de 65.000 dólares de Manuel Adorni por refacciones inmobiliarias. El fiscal Pollicita investiga si el patrimonio del funcionario y sus millonarios gastos en efectivo son compatibles con sus ingresos declarados.
Córdoba cobrará a los padres los operativos de seguridad generados por falsas amenazas de tiroteos escolares. La medida busca resarcir al Estado por el uso de recursos policiales y bomberos, responsabilizando económicamente a las familias por las conductas de los menores.
