Varios estudiantes en Mar del Plata y Salta fueron imputados por intimidación pública tras amenazar con tiroteos escolares. Las autoridades identificaron a los menores mediante cámaras y confesiones, advirtiendo que estas acciones, motivadas por desafíos virales, conllevan severas responsabilidades penales.
El Poder Judicial ha tomado medidas severas contra varios estudiantes de nivel secundario en Mar del Plata y Salta, quienes enfrentan cargos por intimidación pública tras orquestar amenazas de ataques armados en sus respectivos colegios. En la ciudad balnearia, la Dirección de Investigaciones identificó a tres jóvenes de entre 16 y 17 años que habrían escrito advertencias de muerte en los sanitarios de la Escuela Nuestra Señora del Camino, prometiendo una ejecución masiva para el pasado 20 de abril. Gracias al análisis de los registros fílmicos internos, las autoridades confirmaron la autoría del hecho; aunque inicialmente los implicados rechazaron las acusaciones, uno de ellos terminó por confesar la autoría, lo que derivó en la entrega espontánea de sus dispositivos móviles en la sede policial y la apertura de un expediente bajo la supervisión del fiscal Walter Martínez Soto.
Este fenómeno de alertas violentas se ha replicado en el norte argentino, donde el Ministerio Público de Salta imputó a cuatro varones adicionales por conductas similares en las instituciones Walter Adet y República de la India. Las pesquisas, lideradas por los fiscales Horacio Córdoba Mazuranic y Carolina Hernández, incluyeron allanamientos en diversas propiedades para recolectar evidencia digital y física. Durante los procedimientos judiciales, los adolescentes involucrados —algunos de ellos ya mayores de edad— expresaron su remordimiento ante los magistrados. Sin embargo, las fuerzas de seguridad han sido enfáticas al señalar que este tipo de acciones, ya sean perpetradas a través de inscripciones en muros escolares o mediante plataformas virtuales, representan delitos penales que acarrean consecuencias jurídicas tanto para los menores como para sus responsables legales.
Expertos y criminólogos evalúan actualmente dos vertientes principales que explicarían esta tendencia de “terrorismo escolar”: la réplica de conductas por efecto contagio tras eventos internacionales y la influencia de retos peligrosos que circulan en comunidades digitales vinculadas a la apología de masacres históricas. Ante el incremento de estos episodios en diversos puntos del territorio, se han reforzado los dispositivos de vigilancia en las zonas escolares afectadas. Asimismo, el sistema judicial advirtió que los progenitores podrían ser obligados a responder civilmente por los perjuicios económicos y el despliegue de recursos de emergencia que generan estas falsas alarmas, las cuales ponen en riesgo la estabilidad emocional de la comunidad educativa y saturan los canales de seguridad pública.
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Será a través de mensajes de texto, correos electrónicos y notificaciones de la app Mi Argentina.
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