En un fallo histórico, la Cámara de Casación Federal dispuso el remate de propiedades, vehículos y fondos para cubrir el fraude al Estado. El tribunal determinó que el decomiso alcanza incluso los bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner por ser de origen ilícito.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación dio este viernes un paso definitivo en la recuperación de activos vinculados a la corrupción. Con el voto de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, la Justicia ordenó ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y —en un punto de gran controversia legal— las propiedades heredadas por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La decisión ratifica lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para cubrir un perjuicio al Estado que, actualizado, supera los $684.000 millones.
Efecto dominó: El fallo establece que los bienes de origen ilícito no pierden ese carácter aunque hayan sido cedidos o heredados a terceros.
Sentencia firme: La medida busca que la condena no sea una “declaración abstracta”, sino un resarcimiento económico real.
Prisión domiciliaria: El decomiso incluye el departamento de la calle San José donde la exmandataria cumple actualmente su arresto.
La Justicia ya tiene identificados los activos que pasarán a subasta pública o serán transferidos al Estado. La magnitud del patrimonio es inédita en causas de esta índole:
| Activo | Cantidad / Monto |
| Inmuebles (CFK y Lázaro Báez) | 141 propiedades (casas, departamentos, terrenos) |
| Vehículos | 46 rodados de distinta gama |
| Caja de seguridad (Florencia K.) | US$ 4.664.000 |
| Cuentas bancarias (Galicia) | US$ 992.134 + pesos argentinos |
| Empresas instrumento | Austral Construcciones y firmas vinculadas |
El punto más tenso de la resolución fue la inclusión de Máximo y Florencia Kirchner en el decomiso. Ambos habían pedido conservar 19 bienes (incluyendo 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos) alegando que ellos no fueron condenados ni participaron de la maniobra de Vialidad.
Sin embargo, el juez Gustavo Hornos fue tajante en su fundamentación:
“Carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos… El decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”.
Para la mayoría del tribunal, permitir que los hijos conserven bienes adquiridos mediante el fraude sería consolidar el beneficio económico del delito. Por el contrario, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia parcial, sugiriendo que se debería excluir a los hijos del remate al considerarlos ajenos al reproche penal directo.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían presionado para que la ejecución fuera inmediata, denunciando que los condenados “no han depositado ni un solo peso” desde que vencieron los plazos originales. Para los fiscales, la resistencia a entregar los bienes constituye una “afrenta a la sentencia firme”.
Por su parte, la defensa de Cristina Kirchner y de sus hijos sostuvo que:
Los bienes no fueron incorporados al patrimonio en la época de los hechos juzgados.
Los hijos de la expresidenta son “ajenos” a la causa Vialidad.
El remate es una medida “excesiva” mientras sigan vigentes algunas instancias de apelación extraordinaria.
Con este fallo, el Estado argentino inicia el proceso de recupero de fondos más grande de su historia reciente, cerrando el círculo económico de una causa que marcó el pulso de la política nacional durante la última década.
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