La histórica sala de periodistas de la Casa Rosada, que funciona de manera casi ininterrumpida desde 1940, permanece en un silencio forzado. Este lunes 27 de abril de 2026, el gobierno de Javier Milei ratificó que las puertas seguirán cerradas para los cronistas acreditados, una medida inédita desde el regreso de la democracia en 1983.
Las claves del conflicto
Sin huella digital: El Gobierno dio de baja las acreditaciones y los permisos biométricos de todos los medios sin previo aviso.
Las razones oficiales: Se aducen investigaciones por presunta “infiltración rusa” y una denuncia penal contra el canal TN por supuesto espionaje ilegal (tras el uso de anteojos con cámara en los pasillos).
Ofensiva en redes: El presidente Milei sugirió a través de reposteos en X que la sala de prensa es innecesaria y que la comunicación oficial debería ser exclusivamente a través de redes sociales.
El respaldo de la Iglesia y la “escenificación” en Plaza de Mayo
La medida escaló hasta las cúpulas eclesiásticas. Monseñor Jorge Lozano, presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, se reunió con los trabajadores afectados y hoy estará presente en la Plaza de Mayo para respaldar el reclamo de libertad de prensa.
“Es imperativo erradicar discursos de odio… Reafirmamos la necesidad de respetar el derecho a trabajar y a la información de la sociedad”, expresó la Pastoral Social en un comunicado que cita el llamado del Papa León XIV a “desarmar las palabras”.
Mientras tanto, los periodistas deben realizar sus tareas desde los bares aledaños a la Plaza, convirtiendo las mesas de café en redacciones improvisadas para cubrir la actividad de un Gobierno que se repliega sobre su propia narrativa digital.
Batalla judicial y narrativa oficial
El conflicto ya tiene su primer capítulo en los tribunales. El diario Ámbito Financiero presentó un recurso de amparo ante el juzgado de la magistrada Lara Correa, buscando revocar la restricción de ingreso.
Por su parte, desde el entorno presidencial, el secretario de Prensa Javier Lanari defendió la medida como “preventiva” para garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, el trasfondo mediático sigue caliente: el oficialismo apunta sus dardos contra Luciana Geuna (TN), quien asegura que las filmaciones que originaron la denuncia penal contaron con autorización de miembros del propio Gobierno.