Concluyó la etapa de testimonios en el jury contra los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro por el caso Dalmasso. Tras declarar investigadores y forenses, el 6 de mayo iniciarán los alegatos para definir si serán destituidos por negligencia grave.
Concluyó la etapa de testimonios en el jury contra los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro por el caso Dalmasso. Tras declarar investigadores y forenses, el 6 de mayo iniciarán los alegatos para definir si serán destituidos por negligencia grave.

El jurado de enjuiciamiento que analiza el desempeño de los instructores judiciales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro concluyó este lunes su etapa de declaraciones, dejando el escenario listo para las definiciones finales sobre la labor de los funcionarios en la causa Dalmasso. Tras una sesión maratónica que se extendió hasta altas horas de la noche, el tribunal dispuso un receso hasta el próximo 6 de mayo, fecha en la que se presentarán los alegatos de clausura. El veredicto, que determinará si los acusados son removidos de sus cargos por irregularidades graves o si permanecen en sus funciones, se emitiría antes de que finalice el mes en curso.
Durante el cierre de la ronda de testigos, comparecieron exautoridades del Ministerio Público de Córdoba, quienes brindaron detalles sobre la estrategia inicial que derivó en la detención de Gastón Zárate y la imputación de Facundo Macarrón. Entre los testimonios destacados, se escuchó a exfiscales generales que se desvincularon de la orden de arresto del trabajador apodado “el Perejil” y aclararon el flujo de información sobre los peritajes genéticos realizados por organismos internacionales. También brindaron su palabra actuales magistrados y fiscales de cámara, quienes ofrecieron perspectivas dispares sobre el debilitamiento de las pruebas y la gestión del expediente a lo largo de casi dos décadas de impunidad.
Uno de los ejes centrales que marcaron el final de esta etapa fue el manejo de un rastro de ADN masculino no identificado que permaneció sin cotejar durante años. Pablo Jávega, el actual responsable de la instrucción, detalló cómo la organización sistemática del expediente permitió finalmente identificar a un sospechoso tras solicitar informes específicos sobre el material genético hallado en la vivienda de Villa Golf. Por el contrario, los tres fiscales sometidos al jury justificaron su accionar argumentando que las líneas de investigación sobre los trabajadores de la casa se consideraban agotadas o que los informes del FBI carecían de la precisión necesaria para impulsar nuevas medidas de prueba en aquel momento.
Por su parte, la querella y diversos peritos insistieron en que existió una omisión técnica inexplicable, ya que la identificación del autor material podría haberse logrado mucho antes si se hubieran cruzado las muestras disponibles con las personas que frecuentaron el domicilio de la víctima. Con la etapa de pruebas agotada, la atención se traslada ahora a la valoración que hará el tribunal sobre estas supuestas negligencias, en un proceso que no solo juzga la conducta de tres individuos, sino que pone bajo la lupa la eficacia de todo el sistema de justicia provincial frente a uno de los asesinatos más mediáticos de la historia argentina.
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