El fin de la ley de amnistía en Venezuela deja a cientos de presos políticos sin libertad, tras excluir delitos de rebelión. Aunque hubo excarcelaciones parciales, activistas denuncian una selección arbitraria y el mantenimiento de detenidos como rehenes de negociación.
La reciente clausura de la normativa de gracia en Venezuela, dictada por la administración de Delcy Rodríguez, ha transformado el optimismo inicial en una profunda sensación de desamparo para los familiares de los detenidos. Aunque el oficialismo defiende la efectividad de la medida alegando más de ocho mil beneficiarios, las cifras de las organizaciones civiles exponen una realidad distinta: la gran mayoría de los favorecidos ya gozaba de libertad condicional, mientras que la cantidad de excarcelaciones efectivas apenas supera el centenar según auditorías independientes.
El fin de este beneficio procesal ha dejado fuera de su alcance a los prisioneros vinculados a eventos de alta sensibilidad política para el chavismo. Acusaciones relativas a la “Operación Libertad” de 2019 o la “Operación Gedeón” de 2020 han sido catalogadas como delitos de rebelión o conspiración, categorías que la ley evitó subsanar deliberadamente. Esta selectividad también ha afectado a figuras del activismo civil, periodistas y líderes sindicales, quienes permanecen bajo la vigilancia de tribunales o en centros de reclusión como El Rodeo, bajo condiciones que sus allegados describen como inhumanas.
Desde instituciones como Provea y Justicia, Encuentro y Perdón, se señala que la ley nació con una “falla de origen” al ignorar los delitos políticos más urgentes de resolver en un proceso de reconciliación. Expertos legales sugieren que la interrupción del beneficio podría ser un síntoma del fracaso de la norma, dejando la puerta abierta a una nueva etapa de persecución dirigida. Advierten, además, que el régimen utiliza a los prisioneros como “rehenes” para negociar cuotas de legitimidad en momentos de asfixia internacional, manteniendo un subregistro de casos que el miedo impidió documentar previamente.
La gestión de esta apertura, acelerada tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, refleja las tensiones dentro del oficialismo. Mientras un sector moderado del PSUV intenta proyectar una imagen de convivencia y diálogo a través de figuras como Jorge Rodríguez, el ala más ortodoxa del partido se mantiene firme en una postura de “cero impunidad”, rechazando cualquier concesión que pueda interpretarse como debilidad. Pese a que se han anunciado canales alternativos para procesar las solicitudes restantes, el panorama para los casi 700 presos políticos documentados sigue siendo sombrío, marcando un límite difuso entre la transición democrática y la supervivencia del antiguo aparato represivo.
Antes de su presentación ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete envió un informe con 2.151 respuestas. El funcionario calificó de “confidencial” parte de su patrimonio, negó contrataciones directas con el periodista Marcelo Grandio y admitió que aún no presentó la declaración jurada por su nuevo cargo.
Con la consigna de “no despedir”, el Palacio de Hacienda aplicará una poda del 2% en gastos corrientes y del 20% en capital. El desplome de la recaudación y las leyes universitarias y de discapacidad fuerzan al Gobierno a endurecer el torniquete fiscal.
El preservativo femenino ofrece mayor resistencia y autonomía al ser gestionado por la mujer, permitiendo su colocación anticipada. Pese a su seguridad frente a ITS y beneficios para diversas anatomías, la falta de innovación y publicidad limita su uso masivo.
Elon Musk testificó contra OpenAI, acusándola de traicionar su fin altruista para priorizar ganancias con Microsoft. El magnate advirtió que una inteligencia artificial descontrolada podría ser destructiva y exigió que la firma retome su espíritu filantrópico por el bien común.
Las Américas enfrentan una crisis sanitaria por la caída en la vacunación, provocando rebrotes de sarampión y tos convulsa. Expertos instan a recuperar coberturas superiores al 95% y adoptar innovaciones médicas para frenar enfermedades prevenibles ante el aumento de movilidad internacional.
Anant Ambani, multimillonario indio, propuso rescatar a 80 hipopótamos de Pablo Escobar para evitar su sacrificio en Colombia. El magnate busca trasladarlos a su centro de conservación Vantara, ofreciendo una alternativa humanitaria frente al plan de eutanasia gubernamental.
El Gobierno desembolsará 72 mil millones de pesos en mayo para cumplir con el programa “Volver al Trabajo” tras un fallo judicial. Aunque apeló la medida, Capital Humano acatará el pago, lamentando que la orden frene su reforma del sistema asistencial.
Las ventas de combustibles cayeron un 1,8% anual en marzo, impulsadas por el alza de precios global. YPF fue la única petrolera que creció, mientras el consumo de naftas para uso particular lideró el retroceso frente al sector productivo.
