Al cumplirse el plazo legal de 60 días, la Casa Blanca afirma que las hostilidades han concluido gracias al cese al fuego, desatando una fuerte polémica jurídica en Washington.
Al cumplirse el plazo legal de 60 días, la Casa Blanca afirma que las hostilidades han concluido gracias al cese al fuego, desatando una fuerte polémica jurídica en Washington.
Este viernes 1 de mayo de 2026 se cumple un plazo crítico para la política exterior de los Estados Unidos. Según la Ley de Poderes de Guerra, el presidente Donald Trump tenía hasta hoy para solicitar formalmente al Congreso la autorización para continuar el conflicto contra Irán.
Sin embargo, en una jugada que combina semántica legal y estrategia política, la Administración ha declarado que la guerra, técnicamente, ya ha terminado.
Desde la Casa Blanca, la postura es clara: no hay necesidad de pedir permiso para una guerra que ya no existe. Un alto funcionario, bajo estricto anonimato, aseguró que “las hostilidades que comenzaron el sábado 28 de febrero (entre Estados Unidos e Irán) han terminado” a efectos de la normativa vigente.
La justificación reside en que Washington y Teherán no han intercambiado ataques directos desde que se estableció el cese al fuego el pasado 7 de abril.
En esta misma línea, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió ante el Congreso la idea de que el estado actual de no-agresión “suspende o detiene” el reloj de los 60 días.
Para el Pentágono, la desescalada actúa como un paréntesis legal que exime al mandatario de someter su estrategia militar al voto de los legisladores.
La interpretación del Ejecutivo no ha caído bien en el Capitolio, donde incluso aliados republicanos muestran grietas. La senadora Susan Collins fue contundente al respecto, remarcando que “ese plazo límite no es una sugerencia, sino un requisito”.
Collins, quien ya ha votado a favor de limitar la acción militar sin aval legislativo, lidera la preocupación por el precedente que esta interpretación podría sentar.
Por el lado de la oposición, el senador demócrata Tim Kaine contrapuso directamente la visión de Hegseth: “No creo que la ley respalde eso. Creo que los 60 días podrían vencer mañana y eso planteará una cuestión jurídica realmente importante para la Administración”.
La notificación oficial de la campaña militar se realizó el 2 de marzo. De no aceptarse la tesis del “pausa” por alto el fuego, el presidente estaría obligado por ley a desescalar la guerra de inmediato.
Mientras la Casa Blanca intenta estirar los plazos mediante tecnicismos, el Congreso se prepara para una batalla legal que definirá no solo el futuro de la relación con Irán, sino el alcance del poder presidencial en el siglo XXI.
La fiscalía de San Isidro pidió indagar al exdiputado José Luis Espert por lavado de dinero. Se lo acusa de blanquear 200.000 dólares de una red criminal mediante contratos mineros falsos, compra de autos de lujo y fideicomisos inmobiliarios.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero denunció penalmente a importantes bancos y aerolíneas por presuntas irregularidades en aportes previsionales y deducciones infladas. Mientras el sector corporativo tilda la medida de exagerada, el fisco intensifica controles ante la caída de ingresos.
Ramiro Valdés Menéndez, comandante histórico de la Revolución cubana y pieza clave en el aparato de inteligencia castrista, falleció en La Habana a los 94 años. El veterano dirigente lideró el control civil y mantuvo funciones estratégicas hasta su retiro.
El primer ministro británico, Keir Starmer, presentará su renuncia presionado por su gabinete. Su reemplazante será el exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, quien cuenta con amplio apoyo parlamentario tras un contundente triunfo electoral que busca frenar a la ultraderecha.
Un fallo técnico provocó una violenta explosión en la planta de gas Barzan, ubicada en el complejo qatarí de Ras Laffan. El siniestro causó varios heridos, pero los sistemas de contención funcionaron con éxito, descartando fugas de fluidos inflamables.
Las fuerzas de seguridad bolivianas liberaron numerosos bloqueos viales tras decretarse el estado de excepción con respaldo legislativo. Esto permitió el ingreso pacífico de combustibles a las principales ciudades andinas, aliviando una severa crisis económica y un crítico desabastecimiento.
Al Jazeera rechazó las acusaciones de Israel que vinculaban a su camarógrafo fallecido, Ahmed Wishah, con las brigadas de Hamás. La cadena catarí denunció una campaña para justificar ataques contra la prensa en Gaza, donde ya murieron numerosos periodistas.
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