El fiscal Pedro Simón apeló el rechazo a la detención de Tapia y Toviggino, acusándolos de lavado y asociación ilícita. Denunció irregularidades del juez Argibay, quien desestimó pruebas de desvíos millonarios, y solicitó la intervención del Consejo de la Magistratura.
La investigación por presuntas maniobras financieras en el seno del fútbol argentino ha sumado un nuevo capítulo de alta tensión en los tribunales. El fiscal federal Pedro Simón presentó formalmente un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Tucumán tras el rechazo a su solicitud de detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino. En su escrito, el representante del Ministerio Público no solo ratificó las acusaciones por asociación ilícita y blanqueo de capitales, sino que lanzó duros cuestionamientos contra el accionar del juez Sebastián Argibay, a quien acusó de desestimar pruebas contundentes mediante una resolución que calificó de irregular y carente de análisis fáctico.
Uno de los puntos centrales de la apelación radica en la velocidad con la que el juez Argibay resolvió la causa. Simón destacó que el magistrado, apenas una hora después de retomar sus funciones tras un viaje, descartó un dictamen de más de 180 páginas que detallaba transacciones millonarias y adquisiciones de bienes de lujo. El fiscal subrayó que la desestimación ocurrió poco antes de que Argibay fuera apartado de su cargo, en lo que describió como una maniobra para beneficiar a los imputados. Asimismo, señaló un posible conflicto de intereses, mencionando una operación inmobiliaria que involucraría al núcleo familiar del juez con allegados a uno de los dirigentes investigados, argumento que ya había motivado su recusación.
La fiscalía sostiene que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habría desviado más de 3.600 millones de pesos hacia un entramado de empresas vinculadas al tesorero de la entidad. Según el dictamen, este flujo constante de dinero carece de justificación económica y representa un indicador crítico de riesgo financiero según normativas internacionales. La investigación apunta a que estos recursos podrían provenir de una defraudación sistemática contra la institución deportiva, incluyendo la emisión de facturación apócrifa y operaciones cambiarias irregulares, fondos que luego habrían sido utilizados para la compra de vehículos de alta gama y propiedades de gran valor, como una mansión en Pilar estimada en 17 millones de dólares.
Para el fiscal Simón, la libertad de los principales sospechosos representa un peligro para la instrucción del caso, debido a que cuentan con recursos económicos suficientes para abandonar el país o interferir en la recolección de evidencia. Por ello, insistió en que las penas previstas para los delitos imputados, que parten de un mínimo de ocho años de cárcel, exigen el cumplimiento de prisión preventiva. Finalmente, el fiscal solicitó que el Consejo de la Magistratura de la Nación evalúe la conducta de Argibay, al considerar que sus decisiones vulneraron el derecho de revisión del Ministerio Público y entorpecieron un proceso que busca esclarecer una presunta red de corrupción con ramificaciones nacionales e internacionales.
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