Kicillof evita respaldar el plan del SUTNA para intervenir la planta de FATE

El SUTNA presiona a Axel Kicillof para que la Legislatura apruebe la ocupación temporal de la planta de FATE tras su cierre definitivo. Pese al reclamo gremial, la provincia descarta la intervención estatal y la empresa ratifica el cese operativo.

Manifestaciones de trabajadores de Fate, año 2024. Foto: Archivo

La parálisis de la fábrica de neumáticos en San Fernando ha desatado una tensa puja política y laboral que coloca al gobierno bonaerense en una posición incómoda. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) impulsa con urgencia un proyecto legislativo para declarar la “ocupación temporaria” del predio por el lapso de un año, buscando que la administración de Axel Kicillof asuma la tutela de la producción. Sin embargo, pese a la presión del gremio para que el mandatario provincial se diferencie de las políticas nacionales, desde el Ministerio de Trabajo bonaerense han calificado la propuesta como inviable, limitando su accionar a garantizar el cumplimiento de las indemnizaciones legales y descartando cualquier tipo de expropiación o rescate estatal.

Por su parte, la conducción de la empresa liderada por Javier Madanes Quintanilla ha sido tajante al asegurar que el cese de actividades no tiene retorno. Los voceros de la firma sostienen que la crisis de competitividad, agravada por la apertura de importaciones de productos asiáticos, hizo insostenible la continuidad operativa tras varios intentos fallidos de reestructuración. Mientras la patronal afirma haber cancelado la totalidad de los pagos a los más de 900 empleados afectados, el gremio denuncia un bloqueo patronal y exige una audiencia directa con Kicillof para reactivar la única planta de cubiertas para transporte pesado en el país.

El conflicto se desarrolla en un escenario de fuerte retracción industrial, con la desaparición de miles de empleadores en los últimos dos años, lo que extrema las posturas de ambas partes. Aunque el sindicato busca aliados en distintas bancadas de la Legislatura provincial y el Congreso Nacional para salvar los puestos de trabajo bajo un esquema de utilidad pública, el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires mantiene una cautelosa distancia. La gestión de Kicillof parece priorizar la contención del conflicto dentro de los márgenes administrativos habituales, evitando dar un paso político que implique una intervención directa sobre la propiedad privada en un contexto económico sumamente frágil.

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