El Ministerio de Economía aceleró la poda presupuestaria con una caída del 5,7% en abril. Los recortes más severos impactaron en las provincias y programas sociales, mientras que los fondos universitarios tocaron mínimos históricos.
El Ministerio de Economía aceleró la poda presupuestaria con una caída del 5,7% en abril. Los recortes más severos impactaron en las provincias y programas sociales, mientras que los fondos universitarios tocaron mínimos históricos.
El Palacio de Hacienda, liderado por Luis “Toto” Caputo, endureció su estrategia de austeridad durante el cuarto mes del año. Con el objetivo de blindar el superávit fiscal comprometido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno aplicó un “hachazo” a las partidas presupuestarias para compensar la persistente baja en la recaudación tributaria.
Radiografía del ajuste en abril:
Transferencias a provincias: Se desplomaron un 53,7%.
Programas sociales: Cayeron un 37,3% (sin contar la AUH).
Obra pública: Registró una baja real del 15,7%.
Universidades: Los fondos acumulados en el año son un 31,6% inferiores a los de 2023.
A pesar de la fuerte narrativa de ajuste, el primer cuatrimestre del año presenta una paradoja en el rubro de subsidios económicos. Según datos de la consultora Analytica, estas partidas crecieron un 38,7% real interanual, impulsadas principalmente por el sector energético (112,9%).
Este incremento se explica por la necesidad del Estado de cubrir la brecha entre los costos de generación y las tarifas que pagan los usuarios, además de la compra de gas para el invierno. Esta presión en el gasto energético obliga al Ejecutivo a extremar los recortes en otras áreas para no desviarse de la meta de 1,4% del PBI de superávit primario pactada con el organismo internacional.
La situación del financiamiento para la educación superior continúa en un terreno crítico. El informe destaca que las transferencias devengadas a las universidades nacionales se encuentran en niveles mínimos, con una caída real del 8% en lo que va de 2026 respecto al año anterior.
Un dato alarmante para el sector académico es la composición de estos fondos: la totalidad de los giros se destinaron a gastos corrientes (salarios y funcionamiento básico), mientras que la inversión en capital (infraestructura y equipamiento) fue nula. Esta asfixia presupuestaria se da en un contexto donde el consumo interno no logra traccionar la recaudación, limitando el margen de maniobra oficial.
Hacia adelante, los analistas prevén nuevos desafíos fiscales. La reciente aprobación de la reforma laboral introducirá cambios en la distribución de recursos. Se estima que la creación del Fondo de Asistencia Laboral restará fondos a la Anses a partir del segundo semestre, lo que sumará una presión adicional de aproximadamente 0,18% del PBI.
Con este escenario, el Gobierno se ve forzado a mantener una vigilancia estricta sobre la “caja”. La caída de los impuestos vinculados al comercio exterior y al consumo interno deja al ajuste del gasto como la única herramienta disponible para sostener la solvencia de las cuentas públicas en la previa del segundo semestre.
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