La Justicia suspende la ley de financiamiento universitario

Tribunales federales resolvieron suspender la aplicación de la ley de financiamiento universitario a días de una nueva protesta nacional. La decisión de la Cámara de Apelaciones favorece la estrategia oficial de equilibrio fiscal y traslada el conflicto al máximo tribunal.

Universidades en crisis

La disputa por los fondos destinados a la educación superior sumó un nuevo capítulo en los tribunales. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió este jueves un recurso extraordinario interpuesto por el Poder Ejecutivo Nacional. Esta resolución deja en suspenso la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicte una sentencia definitiva.

Los magistrados Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira firmaron el fallo que frenó de manera provisoria el envío de $2,5 billones solicitado por las 56 universidades nacionales.

El Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, celebró la medida en sus canales oficiales. Desde la cartera argumentaron que la puesta en marcha de la norma comprometería el equilibrio de las cuentas públicas del Estado nacional.

A pesar de conceder el traslado del expediente a la instancia superior, el tribunal rechazó los planteos de “arbitrariedad” formulados por los abogados del Estado. Los jueces sostuvieron que la sentencia previa, que favorecía a las casas de estudio, se encontraba suficientemente fundada.

Asimismo, calificaron el reclamo oficial como un interés de carácter patrimonial, descartando la existencia de una “gravedad institucional” que invalidara lo actuado anteriormente.

La controversia escaló tras la publicación del Decreto N° 759/25, mediante el cual el presidente Javier Milei suspendió la ejecución de la Ley N° 27.775. El Gobierno nacional ratificó su postura de exigir que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento antes de liberar los recursos.

En este contexto, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, intimó a los rectores a presentar planes de contingencia frente a las medidas de fuerza gremiales que afectaron el dictado de clases.

Por otro lado, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantienen la convocatoria para la Marcha Federal Universitaria. La manifestación central tendrá lugar en Plaza de Mayo a las 16:00, en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y la falta de insumos básicos para el funcionamiento de los edificios académicos.

La intervención del máximo tribunal ocurre en un clima de alta tensión política y social. Mientras el Ejecutivo busca avanzar con una nueva Ley de Educación Superior y los sectores universitarios intensifican las protestas, la decisión final sobre la viabilidad financiera de las universidades queda supeditada a los tiempos de la Justicia.

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